Aldo Di Paolo, el repositor de matafuegos que estuvo detenido por el crimen de su madre, María Cristina De Vincentis, la jubilada asesinada de un cuchillazo en el cuello en su casa de San Isidro, aseguró que su madre fue “lo mejor” que tuvo y que “la quería”, al tiempo que señaló que el crimen lo pudo haber cometido “la misma gente” que estafó a la víctima seis meses antes.
En una entrevista realizada ante Telefé Noticias, el hombre de 65 años que estuvo 34 días preso por el delito de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por la alevosía", se mostró visiblemente conmocionado al ser consultado acerca de su madre, a la que definió: “Lo mejor que tuve”.
“Yo la quería (…) yo la venía cuidando porque ella tenía un cáncer de mama, ¿Por qué la voy a matar?”, se preguntó el hombre, quebrado en llanto.
Di Paolo relató cómo encontró el cadáver de su madre, y los pasos que siguió desde que dio aviso al 911, tal cual quedó reflejado en los audios de las llamadas que trascendieron.
Luego contó que, al momento de su detención, apareció en su casa un policía que le puso “el arma en la cara” y le dijo “a vos te estamos buscando”.
Al respecto, señaló que le pareció correcto que lo “hayan investigado”, pero que no lo metieran “preso”.
Por último, al ser consultado acerca de los autores del crimen, aseguró: “Yo pienso que fue la misma gente que la había estafado como seis meses antes a mi madre. Nunca fueron detenidos y la causa nunca la investigaron”.
Di Paolo fue quien el miércoles 8 de marzo pasado por la noche llamó a la policía para decir que había encontrado muerta a su madre en su domicilio de Avellaneda 1314 de Las Lomas de San Isidro, y denunció el faltante de una serie de joyas y del celular de la víctima.
La jubilada de nacionalidad italiana estaba tendida en el comedor cocina de la vivienda, con una cuchilla de cocina con mango de madera de la propia casa, clavado en el cuello.
Si bien se planteó como hipótesis inicial la de un homicidio en ocasión de robo en el marco de una entradera, la fiscal Carolina Asprella investigó al hijo.
En ese marco, y en función de una serie de contradicciones y las imágenes de las cámaras, Asprella solicitó la detención de Di Paolo, quien vive a la vuelta de la escena del crimen.
A su vez, en el allanamiento realizado en el domicilio del hombre, en la calle Herrera 886, la policía secuestró 3.000 dólares, 900.000 pesos, dos tablets, una notebook, dos teléfonos celulares y un almohadón con aparentes manchas de sangre.
En su declaración indagatoria, el hijo de la jubilada negó haber cometido el crimen de su madre, y cambió el día en el que dijo haber ido por última vez a la casa de la víctima, ya que en su relato como testigo había dicho que lo hizo el domingo, pero como imputado - y sabiendo que había videos-, afirmó que había ido el lunes 6 de marzo.
Además, reconoció que quedó grabado por "las cámaras saliendo del domicilio" de su madre con bolsas porque, según él, "llevó mercadería para esa casa".
Posteriormente, los peritos determinaron que el cadáver de la jubilada fue movido de lugar en el lugar del hecho en el marco de una presunta maniobra para montar la escena del crimen.
"Montó una escena en el lugar, compatible con un hecho de sustracción, para lo cual generó un contexto de desorden, movió el cuerpo de la víctima de la posición en que se encontraba al tiempo de su fallecimiento, e indicó la posible sustracción de elementos de valor pecuniarios, tales como joyas, teléfono celular y dinero en efectivo; circunstancias generadas para procurar su impunidad", escribió la fiscal en el acta de la indagatoria a Di Paolo, a la que accedió Télam.
Sin embargo, el pasado 12 de abril el juez de Garantías sanisidrense Ricardo Costa le dictó la falta de mérito al rechazar el pedido de prisión preventiva formulado por la fiscal Asprella.
Entre los motivos que tuvo el magistrado para liberar a Di Paolo se encuentra que tres recolectores de residuos testificaron que la víctima estaba viva cuando se creía muerta; que las cámaras de seguridad no graban de manera continua; y que aún no se terminó de verificar qué hizo exactamente el imputado durante las horas en las que se cree fue cometido el crimen.