La Federación de Organizaciones no Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento de Abuso de Drogas (FONGA) nuclea a instituciones de todo el país dedicadas a la prevención y asistencia de las adicciones. Especialmente en la provincia de Buenos Aires, esta red sufre afectaciones que no le permite desarrollar su labor en plenitud, y busca una solución a la brevedad por parte del gobierno provincial.
Fabián Chiosso, presidente de FONGA, fue entrevistado por QuéPasa, y contó cuáles son los principales problemas que sufren las instituciones que integran la Federación, a nivel regional y nacional, cuáles son las propuestas desde FONGA para que esto se solucione y la relación con SEDRONAR.
¿Qué relación tienen en este momento con Sedronar y cómo influye ésta en las problemáticas existentes con las ONG a nivel nacional?
En estos momentos, con Sedronar tenemos una buena relación y creemos que está en manos de profesionales capaces que tienen la posibilidad de desarrollar los programas y la política de drogas que hace tiempo estamos necesitando, coherente, sostenible y sustentable en el país. Nosotros valoramos profundamente que se haya escogido a las personas y al equipo que hoy está dirigiendo el ente. Lamentablemente, hoy el Ministerio de Hacienda y Economía está retaceando los los fondos que Sedronar requiere, y más puntualmente, los necesarios para pagar en tiempo y forma a las organizaciones que brindan atención a las personas con problemas de consumo de sustancias. La situación que están viviendo las ONG que trabajan en relación con Sedronar y con provincia de Buenos Aires es muy compleja, como en general lo es la situación de las ONG en todo el país.
"Sedronar está en manos de profesionales capaces CON posibilidad de desarrollar los programas y la política de drogas que hace tiempo estamos necesitando"
La cuestión de los problemas relacionados con las drogas ha derivado en los últimos años en una discusión casi exclusiva sobre narcotráfico. Mucha veces a cargo de personas que no conocen del tema en absoluto. El debate sobre cuál debería ser la estrategia de abordaje desde el punto de vista de la salud pública no ha tenido trascendencia, y muchas veces quedó en un puro posicionamiento ideológico que no aportó en nada a transformar la realidad. Lo cierto es que la política de articulación entre el Estado y las ONG, que históricamente permitió sostener los tratamientos y las intervenciones preventivas, en lugar de haber ido creciendo y fortaleciéndose, se fue deteriorando y precarizando de manera inexplicable.
Quiénes hoy están a cargo de las decisiones políticas y económicas deberían comprender la importancia de otorgar el apoyo financiero y político a la Sedronar de manera de regularizar su funcionamiento y garantizar una política de estado eficaz. Y en particular facilitar los fondos destinados a cumplir con el pago de los servicios que brindan las ONG, ya que son quienes hoy están garantizando gran parte de la atención en adicciones en la Argentina.
¿En la provincia se da la misma situación que a nivel nacional?
En la provincia de Buenos Aires la situación es gravísima. La red de ONG que formaba parte del sistema de atención a las adicciones fue prácticamente desmantelada. En los últimos años la política pública tuvo como resultado un profundísimo deterioro de la red pública, privada y del tercer sector que conformaba el sistema de atención de adicciones en la Provincia. Es imposible calcular el impacto negativo que ha tenido esto en una provincia donde los problemas relacionados con el consumo de sustancias de la población y particularmente de los jóvenes y los niños está cobrando dimensiones extremadamente preocupantes.
"En la provincia de Buenos Aires la situación es gravísima. La red de ONG’s que formaba parte del sistema de atención a las adicciones fue prácticamente desmantelada"
Sin embargo, el Ministerio de Salud de la provincia sigue sin dar respuestas y las ONG que trabajan en relación con la ahora denominada Subsecretaría de Determinantes Sociales de la Salud y la Enfermedad Física, Mental y de las Adicciones -ex SADA- siguen siendo la variable de ajuste de un sistema que precarizó la atención a las adicciones y demostró sobradamente que no es eficiente. Y no hablamos solamente de los 9 meses de deuda que mantiene la SADA con las organizaciones que brindan tratamiento y del abandono de los pacientes que esto supone, situación gravísima de por sí. Sino tambien de la ausencia de una política real y de una discusión seria sobre como avanzar de cara al futuro inmediato.
Es urgente que el Ministerio de Salud priorice el trabajo de las ONG, regularice la enorme deuda que tiene y decida restablecer la articulación del Estado con la sociedad civil como estrategia de abordaje del problema de las drogas. No hay otra forma eficaz de hacerlo, no se puede pensar una política sin los actores fundamentales de ese campo.
"en los últimos dos años y medio, la situación se volvió absolutamente insostenible y lamentablemente no hemos encontrado funcionarios que den respuestas a la altura de las circunstancias"
¿Cuándo surge este problema y cuál crees que debe ser la solución?
Este es un problema que surge cuando la actual Subsecretaría perdió su estatus de Secretaría de Estado, perdió su presupuesto autónomo y pasó a depender primero del Ministerio de Salud, luego del Ministerio de Desarrollo Social y finalmente volvió a Salud. En cada uno de esos cambios se fue deteriorando y desmantelando esta secretaría que alguna vez fue la estructura pública sobre adicciones más importante de Latinoamérica. Entonces, en la provincia por un lado está la cuestión coyuntural que pasa por la imperiosa necesidad de que el Ministerio de Salud se haga cargo de la situación de manera urgente, cancele la deuda que tiene con las organizaciones no gubernamentales, que regularice los pagos. Es inexplicable que no se haya pagado en 9 meses y que se sigan haciendo promesas de pago que no se cumplen a instituciones que tienen entre 30 y 50 pacientes en tratamiento.
Por otro lado, desde el punto de vista del mediano plazo, creo que la decisión política correcta que debería tomar la gestión a cargo de la Provincia es restituir a la Subsecretaría de Atención a las Adicciones el estatus de Secretaría de Estado, con un presupuesto autónomo y con un apoyo político explícito, donde la política de drogas sea una política de Estado.
¿Hace cuánto se da esta situación?
En Provincia, esto viene dándose desde hace por lo menos 6 años, mientras que en los últimos dos años y medio, la situación se volvió absolutamente insostenible y lamentablemente no hemos encontrado funcionarios que den respuestas a la altura de las circunstancias. Esto también es un problema complejo a resolver. En este momento, estamos en diálogo con la nueva responsable de la Subsecretaría y esperamos que se de una respuesta a la brevedad porque la situación es caótica.
¿Qué instituciones se ven más afectadas por estos inconvenientes?
Las instituciones más perjudicadas son precisamente las que más pacientes tienen en la Provincia y las que más respuesta le han dado, en un contexto en el que la desarticulación de la red de ONG’s se tradujo en un deterioro y una pérdida de los recursos disponibles para atender a las personas, con lo cual las instituciones que se vieron más perjudicadas son las que se quedaron trabajando con la Subsecretaría. Pero, por sobre todas las cosas, esto es un perjuicio enorme que se le hace a la población, porque se van perdiendo recursos extremadamente valiosos para trabajar en la prevención de situaciones de consumo de sustancias. En este sentido, la situación en todo el país es muy similar. De una vez por todas tiene que haber una financiación adecuada para estos temas y las ONG’s tenemos que dejar de mendigar recursos a un Estado que no es que no los tenga, sino que no le ha interesado invertir en la capacitación de recursos humanos, en el fortalecimiento de las instituciones, en la investigación y en el desarrollo de nuevos dispositivos, entre otras cosas importantes en materia de prevención y tratamiento.
