El Vicepresidente Segundo de la Cámara Alta, Sebastián Galmarini, señaló que “el decreto se contrapone con el espíritu de la reciente sanción de la Ley de emergencia administrativa, no puede existir una administración eficaz, eficiente, transparente y ágil sin mejorar las condiciones laborales de los trabajadores”.
“La administración pública tiene una gran deuda con sus empleados. Acompañamos la sanción de herramientas para que la gobernadora pueda sacar a la provincia del desastre que dejó la gestión de Scioli, pero no podemos desconocer que hay un estado de precarización incompatible con el régimen de estabilidad del empleo público que establece la Constitución Nacional y la Ley 10.430. En momentos de tarifazos e inflación, el gobierno debería ponerse del lado de los trabajadores”, afirmó Galmarini.
Por otra parte, el autor del proyecto manifestó: “Para suspender lo establecido en una ley del Congreso Provincial debe hacerse por medio de otra ley, nos preocupa que el Poder Ejecutivo asuma facultades del Poder Legislativo”. Y agregó que “de ninguna manera puede suspenderse la normativa que regula a los agentes de la Administración Pública Provincial por medio de un Decreto con fundamento en el Artículo 144º de la Constitución Provincial”.
Otras de las objeciones plasmadas en los fundamentos de la declaración es que el Artículo 144º de la Constitución Provincial no autoriza al Poder Ejecutivo provincial a la sanción de decreto de necesidad y urgencia.
