-¿Cómo definirías el comienzo de año en cuanto a la situación de los trabajadores?
-Complicado y alarmante. La primer sorpresa que tuvimos fue cuando a los compañeros les llegaron los recibos de haberes de un incremento considerable en el descuento del impuesto a las ganancias. En principio creíamos que había un error administrativo y se hizo el reclamo a sueldos de la Corte. A los que ya le venían descontando se le duplicó en algunos casos llegando a cifras de entre 10 mil a 13 mil pesos. Una verdadera locura, gente que gana 35 mil pesos pasó a ganar 25 mil de un saque. Este martes nos dan la respuesta y resulta que el DNU 152 dictado por el presidente Mauricio Macri el 17 de diciembre, obliga a incrementar la segunda alícuota del medio aguinaldo. Es una suma muy fuerte y nos tomó por sorpresa porque los anuncios desde el gobierno nacional era que iba a seguir todo igual y solo siguió igual a los que no le cobraban.
-¿Qué evaluación haces sobre la situación de los despidos en el Estado?
-Al enterarnos de todos los despidos que hubo y las suspensiones en el marco de los compañeros que conforman la CTA, que tiene que ver con ATE y que muchos de ellos también representan a compañeros municipales, hemos salido a la calle en reclamo no sólo por el cese de despidos, sino el pedido de reincorporación de los mismos. Estuvimos presentes en la marcha contra la agresión a los trabajadores en La Plata, y logramos reunirnos con el ministro de Trabajo y conformamos una comisión de todos los representantes de los gremios reunidos con el presidente del Concejo Deliberante para ver caso por caso la medida. La excusa de los despidos por ser "ñoqui" es peligrosa, primero tenemos que ver qué se entiende por eso, principalmente aquellos que lo dicen tenemos la lista de cuántas veces han asistido a las sesiones de la legislatura, entre ellos Sergio Massa o Gabriela Michetti, que han sido faltadores seriales de las sesiones de la legislatura, esos son las que no han ido a trabajar. Hay una persecución política, los compañeros de ATE han denunciado que en algunos lugares les revisan el Facebook para saber si asistieron a un acto, eso va tener implicancias penales y jurídicas. Lo mismo con el pedido de DNI. También se ha instalado desde los medios la idea de que sobran empleados. Es mentira que Argentina tiene un número considerable de empleados públicos en porcentajes, cuando es uno de los más bajo de la región. Además al tener más empresas públicas que antes el número de empleados crece, antes eso no pasaba. Es una represión silenciosa, un retroceso cultural muy importante.
-¿Cómo interpretás la decisión del gobierno provincial de suspender las paritarias municipales?
-La paritaria municipal no tiene que ver solo con lo salarial, sino que son los sueldos más bajos en el Estado a nivel nacional. Son compañeros que tienen 7, 8 o 10 años de antigüedad y ganan 7 mil pesos y gran parte de ese sueldo es en negro, eso redunda también en un desfasaje en la caja de previsión, y también tiene que ver con la precarización porque tienen que esperar a fin de año para que le renueve el contrato, no hay una estabilidad laboral. El tema de la paritaria municipal en San Isidro constituyó un logro muy importante, hicimos el acompañamiento desde la central y el gremio de judiciales desde hace mucho tiempo porque estamos en la misma disputa. Más allá del gremio en que esté asociado cada uno, tenemos muy buena relación con los municipios. En San Fernando hace poco estuvimos acompañando a los compañeros de ATE porque hubo suspensiones y despidos específicamente en el cementerio. En la zona uno de los municipios más precarizados es el de Tigre, tiene muy poca gente en planta y el resto están todos contratados. Eso significa que los intendentes sin distinguir bandera política, utilizan esto como modo de apriete, los usan para que vayan a los actos y las inauguraciones, y si no posiblemente después no les renuevan el contrato.
-¿De qué manera afecta al bolsillo de los trabajadores el aumento de precios en relación con la inflación?
-En campaña electoral el Frente Cambiemos le decía al gobierno anterior que estaba mintiendo y la inflación era de un 40% en el 2015, hoy son gobierno y hablan del 25%. Nosotros como trabajadores queremos recuperar salarios en base a eso. En el medio tenés una devaluación, aumento de tarifas, combustibles, quita de subsidios, suba de peajes, una eliminación terrible de Precios Cuidados que son productos consumidos diariamente por la clase media y trabajadora. No creemos que la inflación sea del 25%, eso lo han dicho para poner un techo a las paritarias, de ninguna manera vamos a ir con ese número, creemos que las paritarias van a tener que ser libres. En el último congreso de AJB hemos resuelto exigir un piso del 50%, los gremios de la CTA están en la misma sintonía. El 25% que dijo el gobierno tiene que ver con una cosa disciplinadora por eso también bajaron el tema de la información del Indec para no saber qué pasa. Con este gobierno los trabajadores no tenemos previsibilidad.
-¿Cuánto influye para el gremio de judiciales la partida presupuestaria que aprobó el gobierno de María Eugenia Vidal?
-Los 9 mil millones de pesos de presupuesto destinado al Poder Judicial nos parece muy poco. Semanas atrás la Corte Provincial sacó una acordada diciendo que estaban muy preocupados porque es un tema a resolver con todos los problemas que tiene el sector, no sólo de salario sino que hay que hacer la mantención de los 18 departamentos judiciales, inversión en tecnología, apertura de nuevas dependencias y nombramiento a personal. Todo eso demanda dinero y no está contemplado. El año pasado estábamos en el 4,5 del presupuesto total y no alcanzó, este año estamos en un punto abajo. Es preocupante porque la Corte está pidiendo hace tiempo la autarquía financiera, que cada departamento tenga los fondos propios, una caja chica para resolver las cuestiones más cotidianas. Hoy no tenemos presupuesto para arreglar ni cerraduras, goteras, accesorios para baños, cuestiones básica. La situación es complicada, de ser necesario vamos a solicitar partidas extra presupuestarias.
-¿Cuáles son las expectativas para este año teniendo en cuenta las medidas económicas que se tomaron hasta el momento?
-Las expectativas tienen que ver con la realidad, nosotros el año pasado a esta altura habíamos acordado que íbamos a discutir paritarias en marzo, y habíamos conseguido un tramo de enero y febrero del 10% de aumento. La gente se iba de vacaciones con una expectativa, volvía y sabía que tenía que comprar los útiles y que tenía el 10% de aumento de salvaguarda. Ahora no tuvimos ni siquiera una reunión de cada uno de sus gremios con su cartera. Hay mucha incertidumbre, creemos que como viene la mano va a ser bastante conflictivo febrero y marzo porque al no tener previsibilidad de lo que va a pasar y más con las declaraciones del ministro de Hacienda diciendo que le está poniendo casi un tope a las paritarias, va a implicar una gran conflictividad en la calle. Más allá de lo nacional, hay un montón de cuestiones en la región que no se ponen en movimiento y es preocupante, como mayor presupuesto para salud, educación, justicia, tenemos una universidad pública aprobada con el lugar y el presupuesto determinado y no tenemos noticias de cuando se empieza a construir ni de nada. No hay previsibilidad en ningún aspecto y eso complica mucho el panorama anual. Nosotros estaremos en la calle en cada intento de cualquier gobierno por avasallar los derechos de los trabajadores.
