Javier Rehl, concejal de Escobar, se expresó luego de la inauguración del Polo Judicial en Escobar y definió su creación como una "obra reparadora". "La gente tenía que hacer 100 kilómetros para ir a firmar un papel, era muy injusto", indicó en diálogo con el programa radial de QUE PASA.
Rehl valoró que en el distrito, pese a la decisión del gobierno nacional de paralizar la obra pública, continúen adelante los trabajos con fondos municipales y provinciales. "En Escobar no se paran de hacer obras pese a lo que se vive con Javier Milei como presidente. La situación presupuestaria no es la misma, hay que tomar decisiones, pero hay trabajos que siguen adelante", manifestó en la entrevista emitida por FM Fénix.
En ese sentido, calificó la reciente inauguración del Polo Judicial como "una obra reparadora a una demanda histórica, de décadas de vecinos y vecinas de Escobar". "Desde la campaña de 2015 venimos viendo este sinsentido. No había organismos judiciales descentralizados, AFIP, ANSES, YPF, todos los organismos estatales están en Escobar. El tema del acceso a la justicia era una deuda", afirmó.
"No podía ser que Escobar, el distrito más grande del Departamento Judicial de Zárate-Campana tuviera dos fiscalías nada más. La gente tenía que hacer 120 kilómetros para ir a firmar algo o dar un testimonio de dos minutos. Realmente era una situación muy injusta", agregó Rehl.
Además, afirmó que "el servicio de justicia lo necesitamos absolutamente todos" y por eso la construcción del polo "representa también una reparación para jueces, fiscales y trabajadores y trabajadoras de la justicia, porque ahora están en un lugar cómodo, dinámico y moderno".
"Al lado del edificio actual inaugurado se construirá otro para seguir ampliando el servicio de justicia", culminó.
El proyecto comenzó en noviembre de 2019, con la firma de un convenio entre la Municipalidad, la Suprema Corte y la Procuración, con el objetivo de trabajar para que las dependencias judiciales tengan sedes más accesibles. La iniciativa tomó un impulso definitivo entre septiembre y octubre del año pasado, luego de reuniones celebradas por el intendente con el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Torres, y con el procurador provincial Julio Conte-Grand, donde se avanzó en la operativización del convenio.