Era el año 2007, promediaba la década… (ponga usted adjetivo que le plazca), y el hombre del momento, José Francisco López, ese que encontraron arrojando bolsas con millones de dólares a un convento, caminaba por San Isidro y brindaba junto al intendente Gustavo Posse, por las obras del Plan Federal de Viviendas, que prometió urbanizar todas la villas del distrito.
Por estos días, donde muchos asumen públicamente como hecho probado el esquema corrupto de obra pública durante el kirchnerismo, y la apuesta pasa por ver hasta dónde llegarán las implicancias, o hasta dónde podrán probarse judicialmente, existe un absoluto silencio acerca de quienes fueron partícipes necesarios, si todo fue como el bizarro episodio de Gral. Rodríguez invita a pensar. Las obras públicas nacionales fueron ejecutadas por empresas privadas, y fueron licitadas por municipios y provincias. No hay posibilidad de afirmar con honestidad la corrupción en unos (gobierno nacional), y la limpieza de otros (gobernadores, intendentes, empresarios).
Durante aquellos años, en el contexto de lo que fue la Concertación (ese armado político con el que Néstor Kirchner buscó ampliar su base de sustentación por fuera del peronismo), San Isidro fue un municipio “amigo” del gobierno nacional. Gustavo Posse, de la mano de Julio Cobos, formó parte del grupo de Radicales K, siendo el candidato a intendente de la lista que encabezó Cristina Kirchner en el 2007, donde ganó su 3° mandato. En ese tiempo, San Isidro fue “beneficiado” por la obra pública nacional por encima de muchos otros municipios.
Y mucho fue lo que se hizo. Pavimentaciones, túneles, obras hídricas, viviendas sociales. “A este ritmo de obra en tres años más no va a haber más villa de emergencia, en lo posible en ningún lugar de San Isidro” decía e por entonces el intendente Posse. Pero no sucedió. La ejecución del Plan Federal de Viviendas, no fue ni de un 50% de lo proyectado. San Isidro recibió $ 410.852.650 para ejecutar 3.246 casas. Pero faltan miles de esas casas. No están. A pesar de que en el convenio firmado entre el Municipio y Nación indicaba que si, por cualquier razón, el dinero no alcanzara, o surgieran obras no previstas, el Municipio asumía la responsabilidad de finalizar la obra.
Las casas no están, pero tampoco las respuestas. En el 2009, la Defensoría del Pueblo de la Nación realizó un pedido de informes al Municipio de San Isidro sobre la ejecución del Plan Federal de Viviendas. En Municipio contestó que el “requerimiento no se ajustaba a la normativa” y no respondió nada de lo consultado. En el 2012, concejales de la oposición presentaron un pedido de informes sobre el tema, frente al cual se dieron respuestas generales, sin datos precisos sobre lo que falta: que la inflación, que las obras complementarias, que viviendas más grandes de las proyectadas. Hace semanas, la concejala Marcela Durrieu, cuestionó públicamente la diferencia entre viviendas financiadas y las realmente realizadas, y desde la oficina de prensa del intendente llamaron a los medios amigos para que se publicara una contestación que puede resumirse: en Tigre también robaron.
La citada concejala Durrieu, suegra de Sergio Massa, realizó una presentación en la justicia en el 2014, que fiscal a cargo evaluó y consideró pertinente imputar al Intendente Posse por corrupción. La causa en el 2015 estuvo dormida. Y con la imputación a cuestas, Gustavo Posse fue parte de la alianza electoral que, haciendo eje en las denuncias de corrupción del kirchnerismo, le propuso a la sociedad un cambio y llevó a Mauricio Macri a la presidencia. Posse fue elegido por 5° vez intendente de San Isidro, con un incuestionable 55% de los votos.
En San Isidro, faltan miles de casas de esas que se financiaban con el presupuesto que López manejaba. Las miles de familias a las que les prometió una vivienda y no la tienen, señalan una amplia gama de colores políticos al nombrar la estafa. Y hacen bien. Hoy López está preso. Y ojalá la espectacularidad del hecho genere la conmoción necesaria para que como sociedad demos un paso hacia adelante en cuanto a compromiso y responsabilidad con lo público. Ojalá. Pero lamentablemente está muy cerca el peligro de sólo buscar un botín político para escupir el rostro del que está del otro lado de la grieta. Y también, el peligro de acentuar el desinterés, la apatía justificada en el pensar que todos son iguales, y que la política es una actividad despreciable. Eso nos empobrecería definitivamente.
López y los corruptos de todos los colores políticos deberían ser condenados. Pero también deberíamos abrir un profundo y difícil debate sobre el financiamiento de la política: para que nadie pueda justificar la corrupción por fines “nobles” y para que no haga falta ser millonario para sostener una candidatura.
