Kicillof no logró aprobar el Presupuesto 2025, ley fiscal y el endeudamiento

La Legislatura bonaerense rechazó el Presupuesto 2025, la Ley Fiscal Impositiva y el proyecto de endeudamiento impulsados por Axel Kicillof. El gobernador optó por una estrategia que incluyó el paquete completo de las tres leyes, pero no obtuvo los votos necesarios tras semanas de negociaciones.

Axel Kicillof enfrentó un revés político en la Legislatura bonaerense, donde no logró la aprobación del Presupuesto 2025, la Ley Fiscal Impositiva ni el pedido de endeudamiento, tras semanas de negociaciones infructuosas. A pesar de contar con los votos necesarios dentro del peronismo para aprobar el presupuesto y la ley fiscal, el gobernador optó por presentar las tres iniciativas como un paquete único. Esto incluyó el endeudamiento, que requería el apoyo de dos tercios de los legisladores, obligando al oficialismo a depender de un número significativo de votos de la oposición. La estrategia no obtuvo el consenso necesario y culminó con el rechazo de todo el paquete.

El Presupuesto 2025, presentado hace más de 40 días, contemplaba un gasto total de $34,3 billones y priorizaba el mantenimiento de servicios esenciales y programas clave en la provincia. Además, incluía la renovación de leyes de emergencia en seguridad, infraestructura y economía, vigentes desde el inicio de la gestión de Kicillof. En tanto, la Ley Fiscal Impositiva proponía topes de aumento del 28% para el impuesto inmobiliario y del 20% para el automotor, sin modificaciones en las alícuotas de Ingresos Brutos ni del Impuesto a los Sellos. Sin embargo, la oposición rechazó estas medidas, en particular el artículo 163, que habilitaba a la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) a realizar ajustes tributarios de hasta el 100%.

El pedido de endeudamiento por $1,2 billones fue el punto más controvertido. Según el gobierno provincial, estos fondos estaban destinados a cubrir vencimientos de deuda contraídos durante la gestión de María Eugenia Vidal y no implicaban un aumento en la carga de deuda real. La oposición, liderada por los bloques del PRO, la UCR y La Libertad Avanza, condicionó su apoyo a que el 16,4% de estos fondos se destinaran a los municipios, lo que representaba una cifra superior a $250 mil millones. Desde el oficialismo se ofreció un 10%, pero esta propuesta no fue aceptada, profundizando el desacuerdo.

Las negociaciones estuvieron marcadas por tensiones crecientes. En un primer momento, los diálogos fueron liderados por los ministros del riñón del gobernador Pablo López y Agustina Vila, pero ambos funcionarios fueron cuestionados por la oposición, que señaló su falta de experiencia política para alcanzar acuerdos. Ante la falta de avances, el gobernador envió al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, reconocido por su capacidad de diálogo y trayectoria política, para intentar destrabar la situación. La intervención de Katopodis fue valorada positivamente por sectores opositores, pero llegó tarde y no fue suficiente para revertir el resultado.

La sesión en la Legislatura incluyó dos cuartos intermedios, pero finalizó con el rechazo de los proyectos. Matías Ranzini, jefe del bloque PRO, expresó su descontento con la estrategia del gobierno al afirmar: “El gobernador ni siquiera nos dijo que no a nuestra propuesta. La falta de diálogo es una falta de respeto”. Por su parte, Diego Garciarena, titular del bloque radical, agregó: “Sin diálogo y búsqueda de consensos, no vamos a llegar a ningún lado”.

Desde el oficialismo, se acusó a la oposición de bloquear herramientas fundamentales para la gestión provincial y de presentar demandas imposibles de cumplir, como el porcentaje del endeudamiento destinado a municipios. A pesar del rechazo, tanto el oficialismo como la oposición coincidieron en continuar las negociaciones en enero, con la expectativa de alcanzar un acuerdo antes del inicio de las sesiones ordinarias en marzo.

Tras el fracaso en la Legislatura, el gobernador Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario convocaron una reunión de emergencia con el gabinete y el equipo económico para reorganizar las partidas presupuestarias y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales en 2025. En un comunicado, el gobierno reafirmó su disposición a dialogar y priorizar los intereses de la provincia frente a un contexto económico adverso.