| SAN ISIDRO | La organización vecinal dirigió una carta abierta al Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro.
La organización ambientalista, Asamblea Bosque Alegre, que nuclea a un grupo de vecinos de San Isidro que sumaron sus esfuerzos contra la cesión de uso que la Municipalidad de San Isidro había otorgado al Club Atlético San Isidro (CASI) y la tala de parte de un bosque ribereño, a finales del 2011, envió una carta abierta al Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro
La Carta destaca que el 18 de setiembre, el Colegio de Magistrados y Funcionarios celebró el día del Magistrado y de la Función Judicial con un almuerzo en el CASI durante el cual se recolectarían alimentos no perecederos para el comedor de un barrio popular.
Esta circunstancia motivó a la Asamblea a efectuar una reflexión pública: "Aunque el conflicto se puso en marcha cuando se comenzó a talar el bosque dañando a su ecosistema, eso actualizó tensiones latentes referidas a las formas de uso y de apropiación de los espacios públicos en San Isidro e hizo patente su vinculación con una dinámica de poder, que está a la vista de todos, por la cual ciertos grupos sociales, nucleados en clubes y colegios privados, se aseguran privilegios inequitativos a través de la obtención de espacios públicos para afectarlos al uso exclusivo de sus miembros, que luego aplican a la práctica del deporte y al desenvolvimiento de la vida social" señala la carta de la Asamblea.
La carta señala como beneficiarios de ese trato privilegiado en la ribera, además del CASI, a los clubes náuticos, al Club Hípico del Norte, al Colegio San Juan el Precursor y a la Fundación Lory Barra, que restaura automóviles de colección a las puertas mismas del barrio ribereño del Bajo donde muchas familias viven con importantes carencias materiales. Destaca el brutal tabicamiento social que se refleja también en la política y en las prácticas culturales que el Municipio y estos grupos privilegiados ostentan, agravando una segregación social que permite avizorar como su objetivo final a la expulsión de estos pobladores y no su integración, de manera similar a lo que ocurre en estos días con el Barrio Uspallata.
Además, la carta destaca que es esencial no perder de vista que el Poder Judicial es depositario de las expectativas de quienes viven sin los derechos que garantiza la Constitución y más aún si se repara en que el Colegio de Magistrados y Funcionarios tiene como primer objetivo de su Estatuto a la plena realización de los derechos humanos. La carta abierta recuerda que la afirmación de los derechos humanos requiere confrontar con estructuras de poder que defienden sus privilegios impidiendo la realización práctica de los derechos de todas/os, lo que entraña implicancias graves y demanda un gran ejercicio de responsabilidad.
Señala que San Isidro es un distrito de profunda inequidad social y que el Poder Judicial es indispensable para producir la transformación que nos acerque a lo que exige la Constitución y que no es yendo a comer al CASI como van a mostrar fidelidad a ese primer objetivo estatutario ni mucho menos sumándose a esa forma degradada de la solidaridad que es la beneficencia que se practica en un contexto de privación de derechos esenciales.
La carta fue enviada a instituciones cívicas, políticas y culturales del distrito y el país como Justicia Legítima, la Federación de Clubes Náuticos, el Obispado y la Pastoral Social de San Isidro, el Colegio de Abogados de San Isidro, las señoras y señores concejales del Municipio, el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel, etc.
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