Este lunes, como cada 3 de junio desde 2015, se realizará la movilización del Ni Una Menos. Será la primera durante la presidencia de Javier Milei, un gobierno que a lo largo de sus primeros meses desfinanció las políticas públicas destinadas a reducir las desigualdades de género.
Este año el centro de la convocatoria es exigir justicia por el triple lesbicidio de Barracas, denunciar la violencia económica y rechazar la ley Bases y el DNU, además de los despidos en el Estado. “Repudiamos al Gobierno que hace de la crueldad una política de Estado y promueve abiertamente los discursos de odio”, indicaron desde la organización.
Nueve años después de la primera movilización, convocada tras el femicidio de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada por su novio en Rufino, la violencia extrema hacia las mujeres y diversidades sigue en el centro de la agenda. Este mes tres lesbianas fueron asesinadas en un hotel de Barracas por su identidad de género y una continúa internada. Esa será una de las principales demandas de la movilización al Congreso este lunes a partir de las 16.30.
“La movilización en este contexto económico y político es, también, la oportunidad de reivindicar, resignificar y repensar algunas banderas del transfeminismo como: 'no tendrán la comodidad de nuestro silencio' o 'al armario no volvemos nunca más'”, le dijo a elDiarioAR María Laura Olivier, secretaria General de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) e integrante del grupo “Lesbianes autoconvocades por la Masacre de Barracas”.
Alrededor de las 18 horas se leerá el documento en el que se consensuaron distintos temas durante las asambleas abiertas que se realizaron las semanas previas. Luci Cavallero, una de las referentes del Ni Una Menos, sostuvo que el tema central es denunciar que “con odio y hambre no hay libertad”. “Estamos en contra del DNU porque nos empobrece y porque libera los precios principales de la economía y nos está haciendo imposible la vida cotidiana. Estamos en contra de la aprobación de la Ley Bases que nos quita el derecho a jubilarnos, nueve de cada diez mujeres no se podrían jubilar. Al mismo tiempo nos transforma en una colonia para las corporaciones transnacionales. Denunciamos el hambre como política de disciplinamiento hacia las organizaciones sociales y hacia las mujeres que vienen sosteniendo los comedores”, afirmó Cavallero a elDiarioAR.
En las asambleas expusieron la violencia de género económica que implican las medidas del gobierno de Milei. “El hecho de no tener un trabajo y no tener la posibilidad de llevar ni siquiera un plato de comida o un kilo de pan para compartir con tus hijos genera mucha bronca y la violencia crece mucho más en la familia”, le dijo a ese medio la secretaria Adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Norma Morales. Además, alertó sobre la situación de las trabajadores comunitarias: “Somos las que seguimos garantizando las tareas del cuidado en los barrios populares, las que seguimos cuidando y alimentando a nuestra comunidad y nos congelaron el sueldo. Este mes nos pagaron la mitad, solo estamos cobrando $78.000, es indigno el nivel de violencia que venimos padeciendo. Es un crimen lo que están haciendo con nuestras compañeras, ellas siguen trabajando porque aman a su comunidad”.
En lo que va del año fueron asesinadas 101 personas por motivos de violencia de género. Según el último informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, que dirige La Casa del Encuentro, entre el 1° de enero y el 30 de abril de este año se produjeron 92 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 1 trans-travesticidio y 8 femicidios vinculados de varones adultos y niños. En los primeros cuatro meses, 106 niños y niñas quedaron sin su madre. En este marco de violencia estructural, el gobierno nacional eliminó la mayoría de las políticas públicas destinadas a reducir las cifras.
