El intendente de San Isidro había pedido la renuncia de Fernando Niembro a su candidatura por los contratos con el gobierno porteño. El senado provincial Sebatián Galmarini le salió al cruce.
Un efecto boomeran tuvo sobre el intendente de San Isidro su pedido de renuncia a Fernando Niembro en el programa Intratables. Así como lo hizo una panelista en el mismo programa, el senador provincial de Buenos Aires por el Frente Renovador, Sebastián Galmarini, salió al cruce de Posse, y pidió su renuncia ya que "debería ser coherente con lo que opinó sobre la candidatura de Niembro y renunciar a la suya", al recordar que el jefe comunal también está imputado por malversación de fondos de un plan de viviendas.
"Así como le pedimos explicaciones a Niembro por el caso de corrupción de su productora, esperamos que el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, explique ante la Justicia por qué está bajo la lupa por malversación de fondos del plan de viviendas", dijo a Télam Galmarini.
Como informó Que Pasa en enero de este año Posse quedó involucrado en una denuncia por un millonario fraude en la construcción de viviendas, judicializada por el fiscal Jorge Di Lello.
En la investigación preliminar fueron imputados Posse, dos de sus secretarios y empresarios por la implementación en San Isidro del Plan Federal de Viviendas, en una denuncia por subejecución de obras y la adjudicación a empresas constructoras ligadas a funcionarios locales.
La sospecha radica en una presunta defraudación contra la administración pública por no haberse realizado las obras que comprometieron, principalmente, fondos del Estado Nacional por más de 410 millones de pesos entre ese año y 2007.
La denuncia fue presentada en el 2014 por la concejala del Frente Renovador del distrito, Marcela Durrieu, originada por "reclamos efectuados por vecinos de los barrios precarios de San Isidro", dado que "a la fecha no se ha dado cumplimiento con la totalidad de las viviendas y obras de infraestructura que se habían proyectado".
"Se preveían construir 3.246 viviendas, cantidad que supera ampliamente las proyectadas para Municipios de menores recursos como La Matanza (donde se proyectaba construir 1.333 viviendas) de acuerdo con el Anexo I del Convenio Marco" del programa de viviendas, indicó Di Lello en base a la documentación recopilada.
Anteriormente, por este mismo caso, y basados en un informe muy crítico elaborado Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), había tomado intervención la Defensoría del Pueblo de la Nación requiriendo informes al Municipio que nunca fueron respondidos, según informaron desde la Defensoría a Que Pasa.
