| Por Luis Eduardo Sprovieri (*) |
Muchos de los municipios de la Provincia de Buenos Aires han dejado hace tiempo de ser pequeñas ciudades o pueblos suburbanos para convertirse en urbes complejas. El Partido de San Isidro, por caso, no está lejos en población de provincias como La Pampa y La Rioja, iguala a Santa Cruz y supera largamente a Tierra del Fuego. El delito, los problemas sociales, la mala administración de los recursos públicos, la contaminación, la corrupción, el déficit de vivienda, entre otros temas, ya no son ajenos a distritos como San Isidro. Por eso, ya no basta con elegir intendentes, es necesario proveer a nuestras ciudades de verdaderos jefes de gobierno que puedan conducir gestiones complejas.
Pero además, el municipio es el brazo del Estado que está más cerca de los vecinos. Hace dos décadas un slogan decía que "achicar el Estado es agrandar la Nación". Por suerte, hace tiempo que la sociedad argentina abandonó ese paradigma. Hoy sabemos que no existe Nación sin un Estado fuerte y moderno que la apuntale. Hoy pedimos al Estado soluciones que sólo se pueden alcanzar con adecuada gestión de la cosa pública. Ese es precisamente el mejor argumento del Frente Renovador, ofrecer pruebas palpables de que ha gestionado bien los distritos que le ha tocado gobernar.
Se puede ser intendente y vivir diciendo que todo es culpa del gobierno nacional o provincial, o se puede ser jefe de gobierno administrando recursos municipales (no sólo recursos económicos) con voluntad política de cambio y gestión inteligente.
El tráfico y consumo de drogas representan hoy uno de los mayores desafíos para los gobernantes. Pero la cuestión no debe juzgarse solamente desde el punto de vista penal o delictivo. Si esa fuera la única mirada, el trabajo sería insuficiente y el esfuerzo inútil. Es necesario atacar las causas y consecuencias sociales de la droga, así como sus efectos en la salud pública. Parece difícil abordar el problema sin entender porqué nuestra sociedad consume drogas ilícitas, porqué ha aumentado el consumo en las últimas décadas, o las consecuencias sociales y económicas del fenómeno narco. Por otro lado, ya no puede ignorarse más la relación entre la narcocriminalidad, la economía y el Estado. Más allá de los titulares periodísticos impactantes que puedan querer vincular a uno u otro dirigente con el narcotráfico, lo cierto es que el Estado, como legislador y ejecutor de la ley no puede rendir su supremacía arrodillándose ante la narcocriminalidad. Siempre que el Estado queda sometido a poderes superiores, sufre la sociedad y -casi siempre. la peor parte del sufrimiento la llevan los más débiles.
En ese camino, el Bloque de concejales del Frente Renovador de San Isidro, liderado por Marcela Durrieu, acaba de presentar un conjunto de proyectos para enfrentar al narcotráfico. Se trata de plantarse ante al problema y ofrecer herramientas locales que, por municipales, no son menos importantes ni valiosas. Se trata también de gobernar responsablemente liderando a la comunidad y no de administrar un consorcio limitándose a barrer las calles.
Los cuatro proyectos que se presentaron el viernes 11 de abril en el Colegio de Abogados de San Isidro se ocupan de la salud pública, la represión penal, el lavado de dinero, y el control ciudadano de la gestión pública.
En términos de salud pública, se crea un Servicio de Atención a las Personas que dependen o abusan del consumo de drogas, con equipos interdisciplinarios de prevención y asistencia, que funcionará en uno de los pisos inactivos del Hospital Municipal de San Isidro. El Servicio deberá diseñar, ejecutar y supervisar programas y planes, capacitar a los agentes de la comunidad y articular con organismos nacionales, provinciales y municipales. Deberá también diseñar, ejecutar y supervisar programas de difusión sobre la problemática. Facilitará la ayuda y rehabilitación de las personas que consumen o abusan de drogas, mediante tratamientos ambulatorios, creará grupos de contención y orientación familiar, y dará becas para internaciones más complejas. Contará con una línea 0800 gratuita que brinde ayuda y orientación.
Desde la persecución penal, se crea el "Sistema de Denuncia y Lucha contra la Droga en San Isidro", sistema que ya funciona con éxito en Tigre. Se prevé contar con una Fiscalía especializada en investigaciones de drogas ilícitas que recibirá las denuncias que le derive el Centro de Monitoreo Municipal. A través de una plataforma tecnológica especial, ese Centro recibirá denuncias anónimas a través de mensajes de texto (SMS), redes sociales, página web municipal y una línea 0800 exclusiva, que serán derivadas a la Fiscalía especializada para su investigación. De esta manera, la Municipalidad provee un medio para facilitar la centralización y anonimato de las denuncias. No investiga, porque no puede hacerlo, sino que se limita a transmitir formalmente las denuncias a la autoridad correspondiente. El Ministerio Público, por su parte, a través de la fiscalía especializada, se convierte en el único canal centralizador de información para mejor dibujar el mapa del narcotráfico en San Isidro.
San Isidro es un distrito en que las inversiones inmobiliarias tienen notable significación económica. Como otros distritos de alto nivel adquisitivo, ha visto valorizada su tierra y las inversiones que aquí se realizan. Pero también es tierra fértil para el lavado de dinero ilícito. Por eso, uno de los proyectos presentados por el Frente Renovador, impone al gobierno municipal el carácter de "sujeto obligado" con deber de informar operaciones sospechosas de acuerdo a lo previsto por la ley nacional 25.246 de lavado de activos de origen delictivo. Así, todas las áreas municipales -hasta el nivel de Director o su equivalente- que se encuentren frente a una posible operación sospechosa la informarán al Intendente. Éste, a su vez, tendrá treinta días para elevar informe a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo nacional. Todo esto sin generar ningún trámite especial ni crear nuevas estructuras administrativas, casi sin costo para el municipio y usando las formas y procedimientos establecidos en el ámbito nacional. El proyecto prevé que el ejecutivo municipal será responsable por el ocultamiento de información o la falta de comunicación a las autoridades nacionales. Finalmente, como un sistema de información de este tipo no debería desincentivar la inversión, se establece que la obligación de informar no impedirá la prosecución del trámite pendiente en la medida en que éste sea legalmente procedente a juicio de la autoridad municipal. En síntesis, desde ahora, y si este proyecto se convierte en ordenanza, los proveedores del municipio y los inversores inmobiliarios, entre otros, deberán informar el origen de los fondos que empleen. Quedará en manos de la Municipalidad informar a la UIF las operaciones que puedan considerarse sospechosas, tal como hacen actualmente, por ejemplo, los bancos.
Finalmente, el Bloque del Frente Renovador propone requerir al Intendente Posse que informe qué medidas se han adoptado respecto del crecimiento del narcotráfico en el distrito. Se piden especialmente informes sobre convenios con la Fiscalía General de San Isidro tendientes a crear una fiscalía especializada, si existen oficinas municipales dedicadas al tema, o canales de denuncia habilitados sin riesgo para los denunciantes, si se han realizado tareas de prevención y si se cumplen los protocolos de atención de urgencias de salud mental.
El Bloque del Frente Renovador es minoría en el Concejo Deliberante de San Isidro. El oficialismo municipal, encabezado por Gustavo Posse cuenta con doce concejales propios (son veinticuatro en total), a los que suele sumar algunos aliados. Para que estas iniciativas se conviertan en ordenanzas y se implementen, se requiere el consenso del Intendente y su fuerza política. Como sea, aunque estos proyectos no lleguen a aprobarse, la oposición no debe rehuir su deber de generar el debate sobre cuestiones de tanta importancia. Es que también en el ámbito municipal, no implementar políticas públicas que enfrenten al narcotráfico es ser cómplice; si no cómplice penal, por lo menos cómplice político.
(*) Abogado.
