En un acto realizado en el Centro Cultural Julián Centeya, del barrio porteño de San Cristóbal, Macri indicó que cobrará un impuesto "a los que más tienen y a los que han evadido" para hacer frente al pago de estos juicios, en relación al blanqueo de capitales lanzado esta mañana, además de utilizar el Fondo de Sustentabilidad de la ANSeS.
"Con esta ley que estamos enviando al Congreso se busca reparar años de injusticia. Nos encontramos con muchas situaciones de jubilados que ganaron juicios, y el Estado utilizó cualquier chicana para no pagarles", remarcó el jefe de Estado, quien pidió un tratamiento parlamentario en “tiempo record” y criticó que hayan habido “décadas de atropello y estafas” a los adultos mayores.
Hasta el momento, nadie en la oposición criticó la decisión del Gobierno de cancelar las deudas con los jubilados y reajustar sus haberes un 45 por ciento. Pero lo que sí está dispuesta a discutir la oposición es cómo el Estado prevé financiar semejante gasto sin poner en riesgo la sustentabilidad a futuro del sistema previsional.
El oficialismo dará prioridad -y celeridad- al debate de este proyecto de ley, no bien ingrese en el Congreso el martes próximo. Arrancará esa misma semana en las comisiones correspondientes, seguramente con la presencia de funcionarios, anticiparon fuentes del bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados.
"Una reparación histórica, justa y voluntaria. Un acto de justicia luego de tantos años de injusticia", remató Mario Negri, jefe del interbloque de Cambiemos en la Cámara baja.
Tanto el Frente Renovador, de Sergio Massa, como el Bloque Justicialista, una de cuyas espadas es el diputado y ex titular de la Anses Diego Bossio, observan con cierto recelo los mecanismos que prevé el proyecto de ley para garantizar el financiamiento de una medida cuya justicia histórica ninguno discute, pero -advierten- demandará un esfuerzo fiscal enorme.
De hecho, según fuentes oficiales, oscilará entre $ 47.000 millones y $ 55.000 millones para el pago de retroactivos, $ 75.000 millones anuales para las nuevas jubilaciones en caso de que se incorporen al programa los 2,3 millones de potenciales beneficiarios y $ 2000 millones anuales para la actualización de los haberes de quienes se jubilen a partir de ahora.
