En el marco de la polémica desatada en el último tiempo sobre el retorno o no de las actividades del aeropuerto El Palomar, vecinos de Morón, Tres de Febrero y Hurlingham realizaron el pasado domingo un “caravanazo” en repudio a la lowcost Flybondi, y a la vez apoyando la determinación del Gobierno Nacional de que dicha terminal aún no pueda operar.
“Sí al traslado de los vuelos de Flybondi y Jetsmart a Ezeiza o Aeroparque", “No a la extorsión de Flybondi” y “No al aeropuerto trucho e ilegal El Palomar”, fueron algunos de los carteles que se pudieron apreciar en la movilización de los vecinos, quienes partieron desde el Hurlingham Club hasta llegar a la puerta del aeropuerto.
Durante el recorrido de la protesta, hicieron escuchar su reclamo por el centro de Hurlingham, la Plaza John Ravenscroft y las avenidas principales de dicha ciudad (Roca y Jauretche), tras lo cual se dirigieron hacia el centro de Ciudad Jardín (partido de Tres de Febrero) concluyendo en la puerta de El Palomar.
Los manifestantes aseguraron que cuentan con el apoyo de los sindicatos aeronáuticos APA, APLA, APTA, UALA y UPSA y afirmaron que, pese al reclamo de los empleados de las lowcost, estos deberán seguir trabajando en el aeropuerto de Ezeiza, que es hasta el momento, el único habilitado por el Gobierno Nacional.
Además, repudiaron a low cost Flybondi y la acusaron por "extorsión" ya que se niega a volar el único avión que tiene desde Ezeiza a diferencia del resto de las aerolíneas.
Empleados de FlyBondi denunciaron al ORSNA:
El fin de semana se conoció que la Asociación Sindical de Trabajadores de Flybondi (ATFA) denunció penalmente al vicepresidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Fernando José Muriel, ante de la determinación de que el aeropuerto de Ezeiza sea el único en poder operar en el marco de la pandemia.
Según la denuncia de ATFA, Muriel no dio "fundamento razonable y suficiente" para una decisión que, dicen, fue "en abierta desobediencia a una sentencia judicial firme", en relación a un fallo de Martina Forns, jueza federal de San Martín, que en septiembre había rechazado un pedido de cierre total del aeropuerto.
"La decisión arbitraria e ilegítima de Fernando Muriel incurre en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, reprimidos por el Código Penal de la Nación (artículos 248 y 249). Recordamos que no existen razones sanitarias, ni operativas, ni de seguridad o técnicas para cerrar El Palomar", remarcó ATFA.
Al respecto, Muriel, en declaraciones a Clarín, expresó: “Actualmente, los vuelos comerciales que Flybondi insiste en continuar desde El Palomar, son los correspondientes al único avión con que cuentan hoy en día. Es decir, que todos los actores del sistema aeronáutico implicados en este caso (ANAC, ORSNA, Migraciones, EANA, Aduana, Sanidad de Fronteras, PSA y Aeropuertos Argentina 2000) deberían sostener con sus recursos la operación con un solo avión de Flybondi que, según las palabras del propio presidente, está con un nivel de ventas diarias de 30 o 40 tickets. ¿Alguien puede realmente sostener que el Estado debe realizar todo el despliegue necesario para que un aeropuerto pueda operar en condiciones de pandemia, para un solo avión o para que se trasladen entre 30 o 40 personas?”.
“Frente al contexto de esta crisis económica y sanitaria, resulta indispensable, por un lado, optimizar los recursos económicos de todo el sector y además garantizar los estándares de seguridad e higiene de la actividad aeroportuaria”, concluyó Muriel.
