El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires aplicó una multa de más de $3,5 millones a un country de Pilar por obstruir un operativo de inspección en el que se buscaba verificar el registro de los trabajadores de casas particulares.
En un comunicado se indicó que, si bien los empleadores en cuestión son los propietarios de las viviendas, la multa recaerá sobre la administración del country "por obstruirse el acceso a la información requerida". En este sentido, se precisó que la infracción asciende a los 3.554.025 de pesos.
"Desde 2021, la cartera laboral bonaerense despliega diferentes estrategias para erradicar la informalidad en el sector y lograr la regularización de las y los trabajadores", indicaron desde la Provincia.
En ese marco, se desarrollaron inspecciones en los countries donde se requirió a las administraciones presentar los registros de ingreso y egreso de personas con el objetivo de determinar cantidad de trabajadores que prestan servicio en esos lugares, número de días y horas de su jornada laboral y su situación registral.
El Ministerio de Trabajo bonaerense indicó que el objetivo de estos controles "es que las y los dueños de casas registren a quienes cumplen tareas laborales y presenten la debida información ante el Ministerio de Trabajo para el alta en el Registro Especial de Personal de Casas Particulares, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en el Regesil (Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la Ley Provincial Nº12.415)".
Desde el Ministerio se destacó que si bien se ha querido objetar las facultades de la Subsecretaría para esas tareas, el área puede "requerir toda la información necesaria para el cumplimiento de su función y realizar cualquier experiencia, investigación o examen", según lo establecido por artículo 7° del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo. Al tiempo se especificó que "para el tratamiento de datos personales no será necesario el consentimiento del titular cuando se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal", según lo establece la Ley Nº25.326. Además, resaltó que "registrar a las y los trabajadores de casas particulares es una obligación de todo empleador".
En este sentido, recordó que el Gobierno nacional puso en marcha un programa que transfiere durante seis meses hasta el 50% del salario, al tiempo que está previsto que cada empleador podrá deducir estos gastos del impuesto a las ganancias ingresando a la web de AFIP (INGRESAR ACÁ).
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