El bloque PJ-FPV de San Isidro presentó un proyecto de resolución con el objetivo de expresar apoyo a la sanción y promulgación de la ley de antidespidos, por la cual se declara la “Emergencia Pública en Materia Ocupacional”, y generó polémica en el recinto entre los distintos bloques que abarcó gran parte de la 3ra sesión ordinaria.
La propuesta del Senado de ley, que fue aprobada la semana pasada, establece la emergencia pública en todo el país en materia ocupacional por 180 días. Durante ese plazo se prohíben los despidos y las suspensiones de trabajadores, sin justa causa, tanto en el sector público como en el privado, rigiendo para todas las modalidades laborales contractuales.
El concejal Fabián Brest solicitó el tratamiento sobre tablas sabiendo que desde el bloque de ConVocación, el PRO y el oficialismo se pronunciarian en contra. “Indefectiblemente los tarifazos, eliminación de retenciones, la liberación del cepo, han generado una suerte de masiva situación de despidos en el ámbito público y privado aunque el presidente Macri decida minimizarla, es muy difícil de esconder”.
“Este cuerpo deliberativo debe emitir una opinión sobre la realidad social que está atravesando nuestro país. Hay algunos bloques que se quejan por los tarifazos a nivel municipal, pero no dicen nada de los tarifazos a nivel nacional”, en referencia a la negativa del bloque vecinalista de ConVocación por tratar el proyecto.
Desde el Frente Renovador, Marcela Durrieu, respaldó el pronto tratamiento y la idea del “Concejo Deliberante es una casa política, donde además de discutir sobre un semáforo no está mal que hablemos de política nacional. Vamos a apoyar la ley tal cual está en el Senado, previendo que a posteriori se discuta las particularidades de las Pymes, que son las principales generadoras de empelo en el país. Teniendo en cuenta que para nosotros así como está planteada la ley a secas no es la mejor solución, pero contempla la totalidad de los problemas".
“No es el dictamen de un proyecto k, sino apoyado por la mayoría de la oposición, un reclamo conjunto de trabajadores y de la oposición”, sostuvo la concejala.
Por su parte, desde Convocación, Marcos Hilding Ohlsson se pronunció en contra argumentando que “el proyecto todavía se está debatiendo nivel nacional, puede modificarse y no nos parece adecuado darle nuestro respaldo ahora”. En ese sentido, se refirió a que la “mejor forma de que aumente el empleo no es evitando despidos por decreto”.
Desde el bloque PRO-Cambiemos, Rosalía Fucello se mostró contraria a la idea de que un proyecto que todavía no fue sancionado por el Congreso sea tratado por el órgano legislativo local.
"El último informe de aumento de trabajo registrado entre enero de 2012 y febrero de 2016, el promedio se aumentó 0.6%, se traduce en 34.819 puestos de trabajo en cuatro años. En cambio, en enero de 2016 se registraron 17.962 nuevos puestos, es un 50% de incremento en un mes con respecto a los últimos años", sostuvo.
"No quiero decir que no hubo despidos porque estaría faltando a la verdad, sino aportar datos concretos para afirmar que no nos encontramos frente a una crisis que amerite medidas de emergencia como plantea este proyecto”, concluyó Fucello.
Mientras que desde el oficialismo, el concejal Andrés Rolón opinó que “esta ley lo que trata es de generar trabajadores de primera y de segunda, y no resuelve la situación porque con una multa al empleador no se crean nuevo puestos de trabajo”.
“Se necesita de una vez por todas fortificar el diálogo y la transparencia dada por una actitud de ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace”, alentó.
Sin consenso para tratarlo en la misma sesión, el debate del proyecto se dará en la correspondiente comisión de Interpretación y Reglamento.
