Fuente: La Nación
El Gobierno declaró la Emergencia de Seguridad Pública en todo el territorio de la Argentina por el término de un año. Según informaron fuentes oficiales, el objetivo es "revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico".
El texto del decreto sostiene, entre otras cosas, "que la problemática del narcotráfico no sólo afecta a la salud y la seguridad ciudadana, sino que importa una violación a la soberanía nacional en tanto se trata de un crimen cuya naturaleza es claramente transnacional". Ante "tales circunstancias", el Gobierno consideró que la situación amerita "adoptar las medidas que permitan extremar el uso de los recursos del Estado".
Entre otras medidas, el decreto firmado prevé la implementación de "un fuerte control del espacio aéreo", que estará a cargo de los Ministerios de Seguridad, de Defensa y de Transporte.
También autoriza, sin pasar por el Congreso, la "adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional".
La declaración de emergencia ya había sido anticipada en diciembre, durante el encuentro del Consejo de Seguridad Interior. En ese contexto, representantes de las carteras de Seguridad de todas las provincias consideraron necesario que se disponga esa medida.
El decreto tiene una vigencia de 365 días, pero puede se prorrogado al finalizar ese plazo.
la parte importante del decreto de emergencia de seguridad figura en el artículo 9: "Protección del espacio aéreo. Apruébanse las reglas de protección aeroespacial, que, como Anexo I, forman parte del presente decreto". En ese anexo se determinan las reglas autorizadas en todo el territorio argentino a partir de este decreto, y en el documento se señaló: "Está autorizado el uso de la fuerza por medios del Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo y/o destrucción de vectores incursores «declarados hostiles»".
En la definición de aeronave hostil se detallaron aquellas que "por sus características, en el marco de la situación y exigencias de la misión, implican una probabilidad de daño o peligro a los intereses vitales de la Nación".