El proyecto de trasladar a 62 familias del barrio de Beccar tuvo dictamen de comisión y se votaría en una sesión extraordinaria de diciembre.
| Por Ariel Gómez Barbalace |
Como te venimos informando, el Municipio de San Isidro planea erradicar el barrio Uspallata de la localidad de Beccar, comprando la propiedad y otorgándole un subsidio a sus habitantes para que se vayan del lugar (ver nota sobre el tema).
El polémico proyecto que tuvo una gran repercusión mediática y subidas acusaciones cruzadas entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición fue tratado en la comisión de Presupuesto y Hacienda presidida por el possista Pablo Fontanet, y obtuvo dictamen para ser votado en las próximas semanas en sesión extraordinaria del Concejo Deliberante.
En el proyecto que finalmente obtuvo dictamen, el oficialismo modificó algunos de los puntos de su proyecto original: quitó el artículo expulsivo que exigía que quienes obtuvieran el subsidio deberían irse "a otros municipios o provincias". Recordamos que el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires que intervino en el tema, y entre otras cuestiones señaló particularmente dicho artículo como claramente inconstitucional, por lo cual el proyecto sin esta modificación tiene pocas chances de prosperar ya que era susceptible de un reclamo judicial al momento de ser aprobado.
También trascendió que el monto ofrecido a los vecinos ascendería de los originales $350 a $450.
Pero en ningún momento se hizo referencia a la falta de consenso que tiene el proyecto en los vecinos del barrio. El municipio hace referencia de haber obtenido el consentimiento de la mayoría de los vecinos, mientras que la Defensoría del Pueblo exhibe un relevamiento en el cual sólo 1 de las 62 expresan su deseo de trasladarse, lo cual se ajusta a las consultas periodísticas realizadas por nuestro medio.
Tampoco se han despejado las dudas acerca de la titularidad de la tierra. El sr. Alberto O'Connor, titular de algunas de las parcelas es quien negocia actualmente con el municipio en representación de todos los dueños, sin que haya sido expuesto ningún poder que lo acredite como tal. Mientras que algunas de las parcelas incluidas en el proyecto del oficialismo pertenecen a la sucesión de la familia Sauze y según informaron fuentes de la Secretaria de Vivienda a Que Pasa, en varias oportunidades se quiso reunir a esta sucesión para comprar algunos de los terrenos que ésta poseé titularidad en San Isidro, pero fue imposible, dado la cantidad de sucesores involucrados y que muchos de estos viven en el exterior. Pero el sr. Alberto O'Connor parece haberlo logrado aunque ningún concejal pudo acceder a dicho mandato. O'Connor, un desarrollador inmobiliario que casualmente construyó el barrio privado La Merced, cercano a Uspallata, heredó algunas de las parcelas en conflicto.
Cabe señalar que en este tiempo han ingresado varios proyectos al Concejo Deliberante provenientes de distintos bloques con propuestas alternativas que contemplan la regularización y urbanización del barrio con la permanencia de sus actuales ocupantes. Estos proyectos no fueron tratados por el oficialismo que preside la comisión.
La concejal Yacqueline Girassolli(PJ-FPV), consultada por Que Pasa fue contundente al terminar la reunión de comisión: “día triste, para mí y creo que todos los que vivan en San Isidro, deberían estarlo. A pesar de pedir más tiempo para investigar sobre la titularidad real de los terrenos y el poder del que se jacta O`Connor de tener, de ser el representante de los titulares de los terrenos, a pesar del dictamen del Defensor del Pueblo, y lo que es peor a pesar de las 62 familias la comisión de presupuesto hoy saco el despacho de comisión donde le roba el derecho a vivir en San Isidro. Esto me genera miedo, esta mafia del holding inmobiliario que hasta ahora le viene saliendo los negocios redondos dan temor, porque cualquier día pueden venir por cualquiera de nosotros, avasallando nuestros derechos".
También el concejal Fabián Brest (PJ-FPV), autor de una de los proyectos que proponía que el municipio compre la tierras para vendérselas a sus ocupantes, le manifestó a Que Pasa: “ lo único que le interesa al Posse es favorecer un emprendimiento inmobiliario sin interesarle el destino de 62 familias vecinos de San Isidro, que como quedo demostrado, viven en el lugar hace mas de 30 años. Se está comprando un predio donde de acuerdo a nuestra información no está claro quienes son los propietarios o en su defecto quien ejerce la representación de los mismos. El municipio, como un operador inmobiliario, privilegia y defiende la rentabilidad económica en una clara política de Gentrificacion Urbana y no la función institucional indelegable de todo municipio que es promover y garantizar una mejor calidad de vida e igualdad de oportunidades para los vecinos de nuestra comunidad”.
