Durante este jueves 6 de junio, un grupo de intendentes de todo el país se hizo presente ante la Suprema Corte de Justicia para exponer sus argumentos sobre el cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene en los municipios, en el marco de una causa iniciada en 2002 por ESSO Petrolera Argentina SRL (Axion) para impugnar la determinación del pago de esa tasa en el distrito de Quilmes.
Entre las decenas de jefes comunales que asistieron a la audiencia pública, estuvo Gustavo Posse, de San Isidro, quien fue uno de los primeros en manifestarse por sus redes sociales al respecto. "Los intendentes queremos que se respeten las autonomías", expresó en Twitter.
En este sentido, agregó además que "pretender que sólo nos dediquemos a alumbrado, barrido y limpieza es desconocer lo que algunos llevamos adelante: seguridad, salud, educación, obras hidráulicas" y, en relación a estas acciones y a la necesidad del cobro de esta tasa, señaló que "los vecinos no pueden sostener todo".
En el encuentro no hubo grieta, ni distinción de colores políticos. Entre los representantes presentes de la región norte estuvieron Jorge Macri (Vicente López) y Julio Zamora (Tigre), Nicolás Ducoté (Pilar). Además, cerca de 40 intendentes de la provincia de Buenos Aires se sumaron al encuentro.
El conflicto planteado por la empresa surgió a raíz de la aplicación de la tasa en cuestión por dos estaciones de servicio ubicadas en ese distrito. La empresa consideró que se excedía en sus facultades al pretender cobrarle la tasa tomando en cuenta la base imponible los ingresos brutos que declaraba ante la Provincia.
Con esta causa, en total, se pone en juego aproximadamente el 35 por ciento de los ingresos totales de los municipios de la Provincia.
Uno de los fallos más relevantes en relación al tema es el de la Corte Suprema de la Nación ante los reclamos de la empresa Quilpe, en el que el Máximo Tribunal consideró que la efectiva prestación de un servicio es fundamental para justificar la tasa.
Precisamente, la tasa municipal se define como un gravamen que se cobra a cambio de la contraprestación de un servicio público. En este caso, esa contraprestación es la inspección y, hasta ahora, la jurisprudencia respalda la existencia de ese tributo.
