En diálogo con el programa radial de QUE PASA, Gonzalo Atanasof, presidente de Corredores Viales, aseguró que "hay irregularidades gravísimas" en el contrato entre las concesionarias de los accesos Norte y Oeste y calificó como "obsceno" al cuadro tarifario que se presentó en esos documentos. El Gobierno nacional presentará ante la justicia un pedido para que sean anulados y que el control de la concesión pase a manos del Estado.
En relación al pedido hecho para lograr la nulidad de los contratos de las concesiones, Atanasof dijo que se dio por "un trabajo de 3 años que se viene llevando adelante con el Ministerio de Obras Públicas y con la incorporación como corolario digamos del informe de la Procuración General del Tesoro, donde se detecta una serie de irregularidades gravísimas a nuestro entender, en la renegociación del contrato que hizo el gobierno de Macri con estas autopistas".
"Primero porque se les reconoce una deuda de 750 millones de dólares, que nosotros creemos que es una deuda que no tiene ningún tipo de sustento", puntualizó Atanasof y agregó: "A partir de esa deuda que el gobierno de Macri reconoce, es que se les dice a las empresas 'bueno, para poder pagarles esa deuda no vamos a convocar a una licitación internacional para ver quién se queda operando los peajes, sino que se lo vamos a renovar a ustedes por 10 años más. Pero quédense tranquilos que aparte de esta renovación también en el contrato les vamos a incorporar un interés de un 8% anual capitalizable'. Es decir que si el Estado no paga, ese 8% se incorpora al capital. Y ahí rápidamente, de los 750 millones de dólares que nosotros cuestionamos su legitimidad y su origen, con ese interés pasa en muy poco tiempo a deberse 1.161 millones de dólares."
En este sentido, en la entrevista emitida por FM Fénix, sostuvo que era "obsceno el cuadro tarifario que presentaron para poder pagar esta deuda", que "debía pagarse a través de las tarifas" y detalló que "un peaje que hoy sale $80 en Acceso Norte, si nosotros dejábamos avanzar este contrato, se iba a pagar $1830. En Acceso Oeste, que hoy se pagan $100, si dejábamos avanzar este contrato, se debería pagar $1072."
"Lo que hizo el gobierno el jueves pasado declarando la lesividad y el perjuicio patrimonial del Estado nacional, e instando al Ministerio de Obras Públicas a que judicialmente se resuelva esta cuestión, no es ni más ni menos que proteger a todos los argentinos y las argentinas. Es un contrato nulo, de toda nulidad para nosotros que tiene grandes inconsistencias desde el origen, desde lo que fue la extensión de la concesión, de qué manera se renegoció este contrato y que probablemente la justicia, entiendo, hoy tiene argumentos más que valederos, más que sustentables para tomar una decisión acerca de esta cuestión", manifestó el funcionario.
Además, dijo que "independientemente de lo que diga la justicia, es un contrato impracticable, inviable" porque "no hay manera de poder sostenerlo ni ahora ni en el tiempo". "Por eso nosotros en la justicia estamos presentando en muy poco tiempo la acción de lesividad por un lado, por el perjuicio patrimonial, pero también estamos pidiendo, una medida en carácter urgente para se resuelva esta cuestión inmediatamente, para que el costo para los argentinos y las argentinas no sea mucho mayor al que hoy están realizando", sumó.
Por último, sostuvo que la tarifa que se abona actualmente en los peajes "es la de la economía de los argentinos" y señaló que "uno no puede asumir un compromiso sin mirar lo que está pasando alrededor de una autopista: esta es una autopista de laburo, autopista de la producción, donde estamos pasando un momento muy complejo, saliendo de una situación, estabilizando económicamente a la Argentina, producto de que nos dejaron 45 mil millones de dólares de endeudamiento y de todo lo que ya sabemos que pasó en el gobierno de Macri".
"Lo que tenemos que hacer es ser responsables en ese sentido y no se puede tomar una decisión sin mirar la situación en la que están las familias argentinas. Esto es una empresa y tenemos que ir en búsqueda del punto de equilibrio, tendrá que ser con el criterio suficiente para no afectar la economía de todos los argentinos", cerró.
