Días atrás, María Eugenia Vidal anunciaba que la provincia de Buenos Aires se iba a adherir al "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo", recomendado por la Corte Suprema de Justicia en el año 2012.
La Gobernadora llevaba adelante una medida que sorprendía por la tradición católica conservadora de gran parte de su Gabinete. Según informó el portal Política Argentina, "las presiones obligaron a la mandataria a revocar su decisión y dar marcha atrás con la adhesión al protocolo".
"Considerando que en términos formales y dada la complejidad del tema se requiere la intervención de otras áreas del Gobierno con competencia, la cartera provincial de salud se encuentra trabajando en una nueva resolución que dejará sin efecto la anterior, para la elaboración de un nuevo protocolo", confirmaron desde el entorno de la gobernadora María Eugenia Vidal.
De acuerdo a la informado desde La Plata, la decisión de trabar la adhesión al protocolo nacional es fruto de la resistencia por parte de ciertos sectores, entre ellos la Iglesia, instituciones familiares católicas, médicos y algunos funcionarios, a la legalización de este tipo de procedimientos quirúrgicos en los casos previstos en el Código Penal.
"En la provincia ya existe un protocolo sobre aborto no punible vigente y en aplicación. Sin embargo, el Ministerio de Salud adhirió por resolución ministerial reciente a un protocolo nacional, y lo hizo contemplando un punto de vista sanitario", explicaron colaboradores de la Gobernación a Ámbito en La Plata.
Desde la Agencia Informativa Católica Argentina se difundió un comunicado de la Asociación Familia por la Paz y de la Universidad Católica de La Plata oponiéndose a la decisión que Vidal había tomado días atrás.
Además, desde diversos portales de noticias hablan de que en el propio Gabinete de la gobernadora se ven dos vertientes claras: Por un lado la ministra de Salud Zulma Ortiz, firmante de la resolución, mantiene una posición clara y mantiene un fuerte compromiso con la salud pública y trabaja desde hace años en la difusión del riesgo que implica para las mujeres someterse a abortos clandestinos. Por otro, el secretario de Legal y Técnica, Julio Comte Grand, es una reconocida personalidad del Opus Dei, y su peso en el gabinete bonaerense es mucho más fuerte que el de la titular de Salud. Además, es el Secretario quien decide qué se publica en el Boletín Oficial, por lo que la resolución firmada por la ministra quedaría sin efecto.
