Los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial tendrán prohibido contratar a sus hermanos, a sus esposas, esposos, primos e hijos en la administración pública de la provincia de Buenos Aires, en caso de prosperar un proyecto de ley impulsado por Cambiemos. La norma que pretende poner punto final al nepotismo es debatida en la Cámara de Diputados provincial.
El proyecto prevé sanciones para los funcionarios que insistan en aprovechar su posición en el Estado para nombrar a un familiar: la designación será declarada nula; se inhabilitará al funcionario por un máximo de cinco años para ejercer la función y al pariente designado, y el favorecido deberá devolver el dinero percibido.
El autor del polémico proyecto es el diputado Guillermo Castello, que forma parte de la Coalición Cívica-Ari, dentro del frente de Cambiemos. El objetivo, según Castello, es "establecer una meritocracia republicana, tener una burocracia más profesional, que la administración pública tenga autonomía ante el poder político y promover la igualdad de oportunidades para acceder a la administración pública".
Castello reconoció que existen casos claros de nepotismo dentro de Cambiemos e indicó que es consciente de que puede haber resistencia a este proyecto. Sin embargo, consideró que "es un debate que hay que dar porque la ciudadanía lo está pidiendo".
Este proyecto no alcanza a los municipios, pero se los invitará a adherir. La excepción sería en el caso de que la persona haya llegado al cargo por concurso público. El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados la semana pasada y deberá pasar por las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Reforma Política.
"Es una práctica tan extendida que se ha naturalizado", opinó Castello. En el caso de que este proyecto se apruebe para la administración pública de la provincia, los municipios deberán adherir a la ley a través de sus concejos deliberantes.
