La manifestación se desarrolló el viernes en la rotonda de acceso a Villa La Ñata y Benavidez (Partido de Tigre), frente a sus oficinas. El objetivo principalmente consistió en repudiar los daños sociales, culturales y ambientales de los countries desarrollados por EIDICO en distintos Municipios del Gran Buenos Aires. También pedir a las autoridades políticas y judiciales un freno urgente a los emprendimientos inmobiliarios de estas características.
"Los humedales son una esponja natural que absorben las crecidas del agua por lluvia o sudestada, por lo que la desaparición intensiva de este patrimonio natural en las últimas dos décadas está directamente relacionada con el agravamiento de las inundaciones y la destrucción de la principal reserva de agua nacional", informan desde el sitio Punta Querandí.
Además señalan que "este proceso ha sido acompañado por la privatización de tierras, calles, caminos y costas públicas, encerrando a los vecinos preexistentes y destruyendo sitios arqueológicos con enterratorios de los pueblos originarios".
Un ejemplo es la pérdida de los accesos públicos a la zona del sitio sagrado Punta Querandí, motivo por el cual la Asamblea en Defensa del Humedal realizó una movilización a la puerta del country San Benito, el pasado 14 de febrero. Otra preocupación es la inminente pérdida del campo de La Bellaca (un pulmón verde y zona arqueológica) en la entrada de Villa La Ñata, "donde EIDICO está vendiendo lotes del futuro barrio privado Santa Ana, resistido por vecinos de la localidad de Dique Luján".
En el 2010 la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió la Resolución 141/10 dirigida a los Municipios de Tigre, San Fernando, Escobar, Campana y Zárate que exhortó a no habilitar emprendimientos inmobiliarios sobre humedales.
"Mientras cada vez más sectores piden detener este modelo de injusticia ambiental y territorial -que se apodera y transforma bienes del dominio público natural-, empresas como EIDICO continúan avanzando con la complicidad de autoridades municipales, provinciales y nacionales", señalaron desde el Movimiento de la Pacha.
En febrero de 2016, el Fiscal Federal de San Isidro Fernando Domínguez, solicitó a la Jueza Sandra Arroyo Salgado que ordene paralizar las obras de los barrios privados. El Fiscal fundamentó: “Se ha demostrado que la construcción de barrios cerrados y clubes privados asentados en la planicie de inundación del río Luján y en el Delta del Paraná no sólo han afectado al medio ambiente, sino que han producido graves estragos y, consecuentemente, incalculables daños a la propiedad pública y privada, afectando a todas aquellas personas que sufrieron el anegamiento de sus casas y terrenos, provocando también la pérdida de vidas humanas y un impacto que se hace cada vez más intenso”.
Por su parte, el concejal del FPV de Tigre, Federico Ugo estuvo presente en la manifestación y adelantó que será prioridad en su agenda legislativa: "El año pasado trabajamos junto a organizaciones sociales y ambientales sobre las ordenanzas para preservar los humedales, las cuales presentaremos en la primera sesión de este año".
