Nicolás Ducoté, ex intendente de Pilar, fue procesado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en el marco de una causa donde se investigan irregularidades en la utilización de fondos nacionales para la realización obras públicas en ese distrito.
El juez dictó la prohibición de salida del país para Ducoté, le fijó un embargo de $100.000.000 y le decretó la inhibición general de bienes. Junto a varios ex funcionarios de la municipalidad de Pilar, fueron procesados por el delito de defraudación contra la administración pública.
Ducoté fue señalado por el juez como el "responsable primario de los fondos girados desde el Estado Nacional". Además, se procesó a Juan Pablo Martignone, el exjefe de gabinete de Pilar; Guillermo Iglesias, exsecretario de Obras Públicas del municipio; Osvaldo Caccaviello, ex director general de Calles y Red Vial, y Sandra Sosa, exsubsecretaria de Obras Públicas.
Todos ellos fueron considerados partícipes necesarios de la maniobra investigada, lo mismo que Federico Leonhardt, presidente de la firma Vivienda y Hábitat Pilar Sapem; Fernando María Bonafede, representante legal de la UTE Vialme S.A., Servicios y Gestiones S.A. y Alpin S.A; Gabriel Adrián Lucero, apoderado de la UTE Vialme S.A., Servicios y Gestiones S.A. y Alpin S.A.; Sergio Miguel Russo, presidente de Tordel S.A., y Norberto Giulianelli, representante técnico de Tordel S.A.
El procesamiento es por las supuestas irregularidades cometidas en tres convenios firmados en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri y la municipalidad que conducía Ducoté. La justicia investiga irregularidades en estos acuerdos que tenían como objetivo obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti, y en la entrega de microcréditos a vecinos para el mejoramiento de la vivienda.
Por otro lado, el juez dictó falta de mérito a exfuncionarios nacionales involucrados en la causa. Por el mismo caso también habían sido indagados Iván Kerr, ex secretario de Vivienda y Mariana Klemensiewicz, ex secretaria de Infraestructura Urbana del ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda que durante la gestión de Mauricio Macri encabezó Rogelio Frigerio. Según sus declaraciones, desde el gobierno de Pilar les negaban el acceso a la información, sin rendir cuentas de los avances de obra ni de los procesos licitatorios y de contratación.
"Nos encontramos ante un caso de presunta corrupción definido como aquella práctica desarrollada en las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de funciones y medios de aquéllas en provecho, económico o de otra índole de sus gestores", había manifestado el fiscal Rodríguez, quien encabeza la Procuraduría de Investigaciónes Administrativas.
