El intendente de San Isidro se encuentra imputado en una causa que investiga si hubo corrupción en la ejecución de Plan Federal de Vivienda en San Isidro. El pedido de indagatoria originalmente realizado por el fiscal Jorge Di Lello fue rechazado en marzo de este año por el juez Sebastián Ramos, al considerarlo prematuro.
Este rechazo fue apelado por Di Lello y ahora el fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes respaldó la apelación, y además de Posse, pidió indagatoria al ex ministro de Planificación y diputado nacional Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas, José López (detenido despúes del episodio de los bolsos), y una seria de funcionarios del entoces gobierno nacional, provincial y municipal.
La causa surge de una presentación realizada por la concejal Marcela Durrieu (Frente Renovador) en el 2014, la cual fue tomada por el El fiscal federal Jorge Di Lello, quien realizó a fines de ese año la imputación que involucra a Posse.
Moldes sostiene en los fundamentos que las causa sobre las viviendas en San Isidro está relacionada con la causa en la que fue procesada la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner por la entrega de obra pública vial a Lázaro Báez, y también con la causa por defraudación con el plan de construcción de viviendas Sueños Compartidos que realizó la Fundación Madres de Plaza de Mayo. "Existen hechos similares en la misma época: objetivos, fechas, entes públicos involucrados" señala Moldes.
"Comparto con el Sr. fiscal apelante (Di Lello) que la máxima autoridad de cada uno de los entes intervinientes en el período 2006-2008 en este episodio de corrupción administrativa debe comparecer para dar las explicaciones que estime corresponden sobre los sucesos investigados ya que están obligados "como máxima autoridad [del organismo] a velar porque los fondos del Plan Federal Viviendas (PFV) se aplicaran a los pagos de la obra para los que estaban destinados", idea referida al Intendente Municipal pero, como diré, aplicable a todo el episodio investigado y sus partícipes/responsables)" agrega Moldes.
La fundamentación del fiscal continua afirmando que "Por la magnitud de la contratación entre la Nación y el Municipio y por la importancia de las obras y los montos involucrados en la relación Municipio-contratados es impensable que éstos, los jerarcas ya nombrados, fueran ajenos a las negociaciones, a las acciones de implementación y a las que, en definitiva, hicieron que la inejecución de los compromisos hiciera aflorar el delito. En ese sentido, no es provechoso para la investigación usar una vara para medir la responsabilidad del intendente y otra diferente para hacerlo con la del entonces ministro y su secretario y subsecretario de Obras Públicas (De Vido-López-Fatala) cuando se supone que todos los involucrados, cada uno en su área y en su parte de la tramoya, habrían hecho su aporte en pos del éxito de la empresa delictiva investigada".
Según Moldes, existen en la causa pruebas que indican que se enviaron los fondos y no se controló la ejecución de las obras, intentando "simular la construcción del barrio o construirlo con deficiencias y guardarse los fondos que se ahorraron por aquella acción desleal".
La lista de los Moldes deben ser llamados a indagatoria está encabezada por el ex ministro De Vido, el intendente de San Isidro Gustavo Posse, José López y Abel Fatala, ex integrantes del área de Obras Públicas del kirchnerismo. También los funcionarios municipales Luis David Nóbrega, Ana Mayer, Sergio Cesio, Fernando Romero, Federico García y Bernardo Landívar; María de los Ángeles Polantinos (del Instituto de la Vivienda provincial), los contratados por la Municipalidad de San Isidro Marcelo Nayem y Germán Ballester; y los contratistas Federico Bensadón, Cecilia Paula Adoue, Alberto Fuscaldo, Ricardo Tajtelbaum y Guillermo Sabattini.
La Cámara Federal tendrá que decidir si hace lugar a los pedidos de indagatoria de los fiscales.
Fuente: quepasaweb / infobae
