San Isidro comenzará a hacer un relevamiento de los cuidacoches que se desempeñan en el Partido. Una vez finalizado este censo, se les brindará un curso gratuito para quedar inscriptos en un listado oficial y cumplir con su función que, entre otras condiciones, les impedirá exigir dinero a los automovilistas.
Los únicos datos que se manejan por el momento son las zonas identificadas en la que esto sucede: el Bajo, Avenida Del Libertador, centro comercial de Segundo Fernández y los alrededores de los hospitales principalmente.
Los requisitos que los trapitos deberán cumplir para poder ejercer la actividad fueron establecidos en un ordenanza que promulgó el Ejecutivo, entre ellos se encuentra ser mayores de 18 años, acreditar más de dos años de residencia en el Partido y no tener antecedentes penales. Además, tendrán prohibido exigir dinero a los dueños de los vehículos. Otra de las condiciones es que los cuidadores hagan un curso obligatorio.
“El registro de las personas que realizarán estas tareas corresponde al área de Acción Social. Ellos serán los encargados de verificar las necesidades de las personas a inscribir en el registro, como así también su lugar de residencia”, explicó a Clarín el subsecretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, Walter Pérez.
Una vez que hayan aprobado el curso y estén anotados, se les dará una credencial y un chaleco de uso obligatorio y sólo podrán recibir dinero a voluntad. Asimismo, los datos del registro deberán actualizarse cada año. De lo contrario, el permiso será revocado y si continúan cumpliendo funciones, serán sancionados.
Según indican en la Comuna, esta primera etapa demandará al menos dos meses y el registro definitivo se abrirá en marzo. Cabe destacar que todo el trámite será gratuito.
Tanto las zonas como el resto de las condiciones serán establecidas por la Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, y serán adjudicadas por sorteo a cada uno de los trapitos para garantizar la transparencia del sistema.
Si bien la norma se aprobó hace un año, su aplicación estaba supeditada a lo que dictaminara la Asesoría General de la Provincia. Las autoridades locales querían asegurarse que los cuidacoches no pudieran ser considerados como empleados municipales para evitar futuras demandas laborales.
Fuente: Clarín
