Comenzó la campaña, y las tensiones propias del camino electoral se empiezan a notar en los legislativos locales. Tal es el caso de lo ocurrido esta tarde en el Concejo Deliberante de San Isidro, donde se generó un conflicto entre el bloque oficialista y los representantes de la oposición al conocerse que el plazo para que la Rendición de Cuentas del ejercicio 2018 del Ejecutivo Municipal fuera tratada en el recinto había caducado, y que la misma había quedado aprobada de manera automática, de acuerdo a lo establecido en la ley que regula el funcionamiento del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires.
Según informaron distintas fuentes a QUE PASA, la Rendición de Cuentas iba a tratarse el pasado 28 de mayo, pero entre los bloques acordaron una prórroga para este miércoles 26 de junio.
La sorpresa surgió esta mañana, en la reunión de labor parlamentaria previa a la sesión. El presidente del Concejo Deliberante, Andrés Rolón, comunicó a los concejales que, por lo establecido en el artículo 23 de la Ley 10.869 (y su modificatoria, la Ley 13.963), la rendición no iba a ser tratada porque la misma ya se encontraba aprobada de hecho.
En ese sentido, desde el oficialismo dijeron a QUE PASA que "la ley establece plazos, y no se puede ir en contra de eso, porque además hay fallos que lo avalan y que dejan sin efecto cualquier tratamiento posterior, porque sostienen que lo que vale es lo que dice el texto de la ley".
En concreto, el artículo de la ley enuncia que "cada Intendente Municipal presentará al Concejo Deliberante al 31 de marzo de cada año, la Rendición de Cuentas de la percepción e inversión de los fondos comunales" y que, luego de esa presentación "el Concejo Deliberante analizará los estados y se pronunciará sobre la Rendición de Cuentas dentro de los sesenta (60) días corridos. Si vencido ese plazo no se expidiere, las mismas quedarán aprobadas, incluyéndose en tal aprobación la compensación de los excesos que surgieren".
"La rendición de cuentas tiene dos vías en cuanto a su tratamiento: el Tribunal de Cuentas analiza y valora la rendición desde lo técnico, lo jurídico y lo contable, y es el análisis que finalmente tiene validez legal; y el Concejo Deliberante hace una apreciación política que no tiene esa validez", expresaron voces oficialistas momentos después de que se definiera que la sesión iba a ser levantada.
A partir de ese entonces, una vez caída la sesión, comenzaron las devoluciones de los bloques opositores del vecinalismo y el peronismo, que, además de criticar al oficialismo local, se responsabilizaron entre ellos por lo ocurrido.
Desde el Frente de Todos, espacio que en la actualidad reúne a los representantes de los bloques del Frente Renovador, Unidad Ciudadana y el PJ del recinto, emitieron un comunicado, diciendo que "quienes abogan por la institucionalidad en los medios, luego utilizan mecanismos espurios para aprobar una rendición de cuentas que, a pesar de las reuniones previas con los funcionarios del Departamento Ejecutivo que vinieron a informar, no tenía consensos por parte del cuerpo, para aprobar la gestión llevada a cabo tanto por el Intendente Gustavo Posse, como por el entonces Presidente del HCD, Carlos Castellano".
Además, vincularon lo sucedido con el plano electoral local: "la interna política de Cambiemos en el distrito produce con estas acciones la degradación institucional del funcionamiento del Concejo Deliberante como consecuencia de la disputa electoral del Intendente Posse, y el Frente político formado por Carlos Castellano, Ramón Lanús y Hilding Ohlsson, que hoy conforman el espacio de ConVocación, impidiendo así parte del ejercicio democrático de este órgano legislativo".
Mientras tanto, y en relación a los representantes del peronismo, desde ConVocación Cívica sostuvieron que "no quisieron debatir" la rendición de cuentas. En esta línea, el concejal Carlos Castellano señaló que "es una vergüenza y esta 'orden' de Posse a sus concejales aliados de no dar quórum habla muy mal del momento político", y culminó: "Tenemos objeciones que hacer al excesivo gasto en marketing y publicidad para rédito político que hace el Intendente. También a los sobreprecios que hay en muchas obras y licitaciones".
