Cristian Ritondo, presidente del bloque Frente PRO de la Cámara de Diputados, presentó sendos proyectos para modificar el Código Penal y el Régimen Penal de Minoridad, al considerar que "es urgente que el país tenga mejores leyes para hacer frente a un delito creciente y cada vez más complejo".
"El objetivo de Juntos por el Cambio es volver a gobernar para transformar el rumbo del país y por eso estos proyectos de ley son para obtener mejores herramientas y más efectivas para combatir la inseguridad", aseguró el ex ministro de Seguridad bonaerense.
El proyecto de reforma del Código Penal de la Nación, que había sido presentado originalmente en 2019, plantea "actualizaciones sobre combate del crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y también incidentes viales". Algunos aspectos del proyecto son la incorporación de la posibilidad del decomiso en forma anticipada de los bienes de los criminales y la definición de criterios objetivos para la determinación de las penas; por ejemplo, se establece que la violencia de género es una circunstancia agravante que obliga al juez a imponer una pena dentro del tercio superior de la escala que corresponda para cada delito.
También prevé que los reincidentes y autores de delitos graves como el narcotráfico, los homicidios agravados, abusos sexuales agravados, secuestro extorsivo agravado, trata de personas, corrupción de menores, terrorismo, entre otros, no podrán contar con el beneficio de la libertad condicional. Y que para fortalecer la prevención y teniendo en cuenta el alto nivel de reincidencia, se incorpora el seguimiento socio-judicial aún después del cumplimiento de la pena para condenados por delitos especialmente graves.
Sobre el accionar de las fuerzas de seguridad, se incorpora expresamente la exención de responsabilidad cuando un miembro de las fuerzas cause lesiones o muerte en cumplimiento del deber y en uso de su arma reglamentaria. Además, el asesinato de un integrante de las fuerzas de seguridad será un homicidio agravado con prisión perpetua.
Asimismo, se aumentan las penas para el narcotráfico y se establecen agravantes para el tráfico utilizando a menores, o para cuando se haga en colegios y clubes.
Sobre el proyecto de Régimen Penal de la Minoridad consideró que "el Estado está abandonando a la víctima y también a esos menores que seguramente vuelvan a delinquir porque no hubo costo en su accionar ni seguimiento por parte de las autoridades sobre su trayectoria de vida"
"Por eso creemos que hay que bajar la edad de imputabilidad y establecer un régimen especial entre los 14 y los 18 años, que permita dar respuesta adecuada frente a esta situación", agregó.
Dijo que "esa política vendría a reemplazar una ley vieja, que data de 1980 de la época del proceso, que ha quedado desactualizada y obsoleta".
"No solo busca poder darle contención y reparación a la víctima del delito sino también brindar un proceso adecuado al menor que delinque promoviendo el efectivo cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y de la normativa general sobre niñez y otros tratados internacionales a los cuales el país adhiere", precisó.
El articulado dice que el juez podrá aplicar: amonestación; reparación a la víctima; prestación de servicio a la comunidad; libertad vigilada; internamiento terapéutico; e internamiento en centro especializado.
A pedido del fiscal, se pueden pedir distintas medidas cautelares como la prohibición de salida del país, de asistir a reuniones o espectáculos públicos, conducción de vehículos, arresto domiciliario, entre otras.
Fuente: Télam
