| San Isidro | Por la utilización de patrullas municipales impidiendo el ingreso de materiales de construcción a los barrios y el "apriete" a los corralones de la zona. La denuncia fue realizada por la Diputada Teresa Gacia ante el Defensor del Pueblo de la Provincia. Una situación que nuestro medio viene reflejando hace mas de un año.
.JPG)
En septiembre del 2013 Que Pasa te contaba una situación de discriminación y de claro abuso de autoridad que se daba en los barrios mas humildes de nuestro distrito: patrullas municipales impedían el acceso al barrio de materiales de construcción y los corralones de la zona habían sido amenazados con la clausura si procedían a vender a vecinos de estos barrios (ver nota).
Sin un proyecto de urbanización, sin respuestas a las situación de emergencia habitacional de cientos de familia, el Estado Municipal, procedía de manera ilegal y cuasi mafiosa para regular la construcción en estos barrios.
A raíz de esto, la Diputada Nacional Teresa Garcia realizó la semana pasada una denuncia al intendente de San Isidro Gustavo Posse por abuso de autoridad y restricción ilegítima de libertades personales a vecinos del distrito. La presentación fue realizada ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, acompañando las denuncias públicas que organizaciones sociales vienen realizando en relación a los actos de violencia institucional ejercidos sobre vecinos de distintos barrios, con el fin de restringir ilegítimamente el ingreso de materiales de construcción.
La diputada, actual presidenta del Partido Justicialista de San Isidro, explicó que a raíz de las inundaciones la demanda de materiales para reparación de viviendas registró un significativo aumento en los barrios más humildes del distrito: “Posse, que negó oficialmente las inundaciones en San Isidro y privó a los vecinos de los subsidios del Estado Nacional y Provincial, utiliza los patrulleros municipales y las cámaras de seguridad para impedirle a los vecinos que puedan ingresar materiales para reparar sus viviendas, sin una orden judicial ni otra reglamentación que justifique este procedimiento”.
La denuncia realizada solicita la intervención de Defensor del Pueblo a fin de que investigue las irregularidades y abusos ejercidos por funcionarios del programa de Cuidados Comunitarios, la policía bonaerense y otras dependencias Municipales. También se denuncias aprietes a los comercios de la zona, que bajo amenaza de clausura, se le impide la venta a vecinos de los barrios humildes. “Claramente los hechos muestran que estamos frente a una conducta estatal ejercida por el Sr. Intendente de San Isidro y los jefes de las departamentales de San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que podría constituir i) Delito de Abuso de Autoridad; ii) Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público; iii) Apremio Ilegal; iv) Restricción Ilegítima de la Libertad; vi) Discriminación Legal directa sobre los vecinos de los asentamientos urbanos; vii) Procedimiento no regulado por una norma legal válida” señala la denuncia presentada por la diputada Garcia.
“El municipio gasta buena parte de los impuestos que pagan los vecinos en cámaras de seguridad y patrullajes que no han bajado ni un punto la tasa de delitos, pero si son utilizados para este tipo de prácticas. Se controla el ingreso de materiales y no se controla el negocio de la droga” afirmó Garcia quien concluyo “El Estado Nacional destinó en los últimos años mas de $400 millones para la urbanización de asentamientos en San Isidro. Por desidia, mala ejecución y corrupción, ese presupuesto no ha impactado en la realidad de los barrios mas humildes".
ver tambien:
