Los trabajadores de PepsiCo dieron a conocer un fallo de la Justicia laboral que le ordenó a PepsiCo la reincorporación de varios despedidos. “El fallo se firmó dos horas después del operativo, eso evidencia la voluntad de represión que tiene el Gobierno. El operativo se podría haber evitado”, afirmó Camilo Mones, uno de los delegados de los trabajadores despedidos que mantenían una vigilia desde el 20 de junio cuando la empresa cerró sus puertas dejando a 600 operarios en la calle.
“La Sala VI de la justicia laboral nos dio la razón a los trabajadores que denunciamos un cierre ilegal por parte de la patronal y dictó una medida cautelar ordenando a la empresa a reincorporar a todos los trabajadores que están en conflicto”, afirmó Mones en la conferencia de prensa que los trabajadores brindaron tras el violento operativo.
El fallo al que aludió Mones fue dictado a partir de la denuncia realizada por un grupo de despedidos, que dio lugar a la apertura del expediente caratulado “Gomez Leandro contra PepsiCo Argentina” en la justicia laboral. En ese marco, los camaristas Luis Rafaghelli y Néstor Rodríguez Brunengo fallaron a favor de los trabajadores. Fundaron su decisión en el hecho de que ley nacional de empleo establece que las cesantías no pueden darse antes de producido el procedimiento preventivo de crisis. La empresa cumplió ese paso en los días posteriores al cierre de la planta.
La decisión de los jueces alcanza sólo a 12 operarios. Rafaghelli y Rodíguez Brunengo establecieron, además, una multa de cinco mil pesos diarios por cada día que la empresa no reincorpore a los trabajadores despedidos.
En la conferencia de prensa, que se realizó en el Congreso, el delegado denunció que efectivos de la Policía Bonaerense se llevaron bolsones con mercadería de la empresa. “La fábrica estaba intacta antes de que entrara la policía. La noche anterior habíamos llevado a un escribano para certificarlo y también entraron los medios. Hacemos responsable a la policía por todo lo que falte en la planta”, indicó el trabajador.
El abogado de los trabajadores, que también participó de la conferencia, aseguró que el accionar de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, quien autorizó el desalojo, fue “ilegal” y tuvo un argumento “inverosímil”. “En las horas previas al desalojo no nos permitieron ver el expediente”, sostuvo el abogado, para quien la justificación de que la fábrica contamina no tiene sustento. “Es una planta que funciona hace veinte años y hasta aquí la empresa había planteado solamente cuestiones económicas”, afirmó.
Allegados a la compañía de snacks adelantaron que apelarán la sentencia.
