El Municipio de Vicente López respondió un pedido de la informes a la jueza de San Isidro Estela Robles, quien solicitó precisiones sobre la capacidad hospitalaria, de testeo y de transporte para los docentes antes de resolver si otorga una medida cautelar para permitir que se reanuden las clases presenciales en el distrito.
Previo a definir si hará lugar o no al amparo, la jueza en lo Civil y Comercial 12 de San Isidro, pidió datos al Municipio sobre lugares de testeo para el Covid 19, capacidad, frecuencia y temperamento a tomar ante la negativa de un docente. También si el municipio cuenta con transporte propio para los docentes y capacidad de atención hospitalaria de los trabajadores de la educación ante eventuales contagios.
En la respuesta, la Municipalidad aludió al fallo de ayer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que benefició a la ciudad de Buenos Aires en su amparo para continuar con la presencialidad en las escuelas, pese al DNU nacional que ordenó el dictador de clases virtualidad ante la suba de contagios de coronavirus.
Además, sostuvo que puede realizar 150 test diarios y que hay un "protocolo" en caso de negativa de docentes a testearse, según explicaron las fuentes. Asimismo, puso a disposición el Transporte del Bicentenario, la línea de colectivos municipal que transita de manera gratuita, bajo protocolo y "con una frecuencia ininterrumpida".
También afirmó que el 87% de los docentes y no docentes viven en Vicente López, San Isidro y ciudad de Buenos Aires, "lugares que declararon esencial la educación", por lo que estaría permitido viajar en transporte público, y que el 65% tiene "movilidad propia", según indicaron desde la comuna.
Sobre la capacidad de atención del sistema de salud local, le aseguraron a la jueza que "es robusto", "abierto y solidario a todos los vecinos de la región y provincia de Buenos Aires".
En su respuesta al pedido de la magistrada Robles, la intendencia de Macri insistió con la vuelta a clases presenciales para todos los "educandos del municipio" pero planteó que, en todo caso, pueda considerar la posibilidad de otorgar la cautelar al menos para los establecimientos municipales.
La acción de amparo presentada por el jefe comunal de Vicente López, había requerido que “se declare la nulidad y en su caso, la invalidez constitucional del Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº181/2021, dictado con fecha 16 de abril de 2021, publicado en el Boletín Oficial el 17 de abril del corriente y de la Resolución del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros Nº1208/2021 art. 9° -Anexo I- actividades Nº118 y 119”.
En el amparo se argumenta que "dichas normativas, vulneran garantías constitucionales arts. 5, 14, 28, 31, 123 CN y Tratados Internacionales” y que "en el acto arbitrario que cuestiona se decreta la suspensión de las clases de manera presencial, desnaturalizando de ese modo la obligación y responsabilidad de esta Municipalidad en cuanto debe garantizar el servicio de educación integral en sus establecimientos".
Ante la presentación, Robles se había declarado incompetente y derivó la demanda a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que la semana pasada rechazó su competencia originaria y devolvió las actuaciones al juzgado con orden de resolver la medida.
