Corría el año 2004, y el Gobierno Nacional encabezado por Néstor Kirchner anunció la puesta en marcha del llamado Plan Federal de Viviendas, un programa que prometía la construcción de unas 120.000 unidades habitacionales con una inversión de $3900 millones (unos u$s 1370 millones por entonces).
En la Zona Norte, el Plan Federal intervino en muchas de las villas y asentamientos, donde en la mayoría de los casos, el proyecto original no llegó a concretarse, dejando procesos truncos, construcciones abandonadas y las expectativas de poblaciones con una gran necesidad, nuevamente frustradas.
En el caso de San Fernando, todas las licitaciones se realizaron en la gestión de Osvaldo Amiero. Con el arribo a la intendencia de Luis Andreotti, pertenciente a un espacio político no alineado con ninguna de las dos gestiones nacionales, el financiamiento para viviendas en San Fernando se interrumpió hasta hoy.
La implementación del Plan Federal en San Fernando tiene dos rostros: por un lado el exitoso proceso de urbanización de lo que fue el barrio San Roque, donde los vecinos fueron relocalizados en nuevas viviendas en el barrio San Ginés. Pero por otro lado están las 371 construcciones abandonadas desde hace mas de 7 años en el barrio San Jorge y detrás del barrio Hardoy de Virreyes Oeste.
Por estos días, como ha sucedido ya en otros momentos, son estas construcciones objeto de tensiones sociales: tomas, desalojos, disputas entre vecinos.
La creciente dificultad de acceder a una vivienda para amplios sectores de la población, se traduce en los barrios más empobrecidos en situaciones de gran hacinamiento, o en asentamientos precarios que se desarrollan en lugares inhabitables (a la vera de arroyos contaminados, zonas inundables, etc). La actual crisis económica agudiza la problemática habitacional, dejando a un número creciente de familias que ya no pueden pagar un alquiler, en una situación crítica.
Entre finales de marzo y los primeros días de abril, se produjeron tomas en las construcciones abandonadas, tanto en las 101 viviendas del barrio San Jorge (junto a la escuela 28), como las ubicadas detrás del barrio Hardoy (sobre Miguel Cané y José Ingenieros). Ambas tomas fueron desalojadas sin mayores incidentes.
Las tomas generan además situaciones de tensión entre los mismos vecinos: las 371 futuras viviendas están adjudicadas y hay familias esperando que se terminen las obras que al ver que estas son ocupadas por otras personas, salen a defenderlas.
Las 101 viviendas del barrio San Jorge tienen un grado de avance importante: sólo falta la infraestructura de luz, agua, gas y cloacas. Estas viviendas están destinadas a la relocalización de familias que viven sobre el río Reconquista. La situación de las otras 270 construcciones es distinta: tienen un grado de avance menor y en una toma del año 2013 fueron saqueados los techos (chapas y tirantes).
La foto de barrios hacinados, poblaciones con urgencia habitacionales frente a construcciones abandonadas por años (muchas de ellas faltando relativamente poco para terminarlas), es una postal que describe la incapacidad de la dirigencia política para priorizar las necesidades de los ciudadanos frente a las disputas partidarias.
La posición del Municipio de San Fernando
El Plan Federal de Viviendas, como se dijo arriba, es un plan financiado por el Gobierno Nacional, y los Municipios tenían, en la mayoría de los casos, el rol de realizar las licitaciones y la ejecución de la obras.
Luis Freitas, Secretario de Gobierno del Municipio de San Fernando, en diálogo con QUE PASA contó que "Cuando Luis Andreotti llegó a San Fernando se cortó el financiamiento por parte de la gestión Kirchnerista y las construcciones quedaron sin terminar y abandonadas".
"Para el presupuesto de un Municipio es imposible sostener un plan de viviendas. Ningún Municipio lo hace. Con lo que hubieran salido sólo tres viviendas, nosotros durante el verano arreglamos 20 escuelas provinciales" afirma Freitas explicando el por qué los planes de vivienda son desarrollados por los gobiernos nacionales o provinciales.
En el año 2013, el Municipio realizó una denuncia solicitando que se investigue un posible delito de malversación de fondos al detectar una sobrecertificación de las obras: en los papeles figuraban como terminados y pagados trabajos que al ir a las obras, no se encontraban hechos.
"Cuando llegó Cambiemos, la orden del intendente Andreotti fue la de empezar a recorrer despachos para poder encontrar una solución a esto. En los primeros años no tuvimos muchas respuestas y recién a mediados del año pasado se abrió un canal de diálogo. Tenemos la expectativa que Nación retome el financiamiento y se puedan terminar a las viviendas. La información que tenemos es que hay resoluciones que están a la firma del Secretario de Vivienda nacional, Ivan Kerr" dice Freitas.
Más allá de la situación de necesidad, las tomas se produjeron en los años 2013, 2015 y en este 2019, todos años electorales. "Es innegable la situación de necesidad de las familias, pero las tomas no resuelven nada y agravan la situación en muchos sentidos. Es triste ver como sectores de la política local especulan con la necesidad de la gente, fogueando o apañando las tomas" concluye Freitas.
