Una nueva polémica en San Isidro surgió la semana pasada en torno a una licitación para la Secretaría de Seguridad que fue tratada en el Concejo Deliberante, luego que una sola empresa se presentara como oferente. Los bloques opositores se abstuvieron, decidiendo no acompañar un proceso de compra que denunciaron como poco transparente.
El concejal Walter Pérez de Acción Vecinal San Isidro es Distinto, consultado por QUE PASA explicó que "hay un proceso licitatorio que se llevó adelante desde el municipio que consideramos, nosotros y los demás bloques, que fue muy poco transparente, que no se llevó adelante con los mecanismos que están establecidos en la Ley Orgánica, y después quisieron que nosotros convalidemos con nuestros votos, haciéndonos cómplices de esta poca transparencia en el proceso".
"Lo que se licitó fue un sistema de software en el cual se vincula la línea 911 con la línea de emergencia municipal 333. Al mismo tiempo también hay una geolocalización histórica de los vehículos (patrullas), porque ya existe sistema de geolocalización, pero este tiene una grabación histórica de donde estuvieron los vehículos en determinado tiempo", explicó Pérez y agregó que "la realidad es un sistema que lo tiene solamente desarrollado una empresa. Las características de la licitación están especificadas para que sea solamente esa empresa. Se invitaron a otras que no tenían esa expertise". La empresa SOFLEX S.A. fue la única oferente en el proceso de licitación abierto por el municipio de San Isidro.
El concejal y ex funcionario de la gestión que encabezó Gustavo Posse denunció que "el proceso fue poco poco transparente, se podía haber hecho de otra manera, con una contratación directa y no vinculando a los concejales para que den el apoyo a algo, que la verdad, no participamos, no tenemos nada que ver y que nos quisieron imponer. Por eso se decidió no acompañar, abstenerse y que sea el oficialismo, con un poco menos de un tercio de los votos, que siga adelante con esta situación".
Además de los bloques compuestos por ex funcionarios de la gestión Posse, tampoco los concejales de La Libertad Avanza y el peronismo acompañaron el proyecto impulsado por la gestión de Ramón Lanús.
Las criticas al nuevo sistema
Walter Pérez, además de poner en foco en el proceso licitatorio, explicó por qué consideran que el nuevo sistema no es bueno para el municipio: "Pensamos que de acá en adelante quedamos cautivos de esta empresa, que cobra al día de hoy 24 mil dólares mensuales. El año que viene no sabemos si va a cobrar 50 o 100 mil dólares, porque ya somos cautivos. Entonces el Ejecutivo iba a decir que nosotros lo acompañamos con el voto. La Ley Orgánica establece otros mecanismos cuando son contrataciones exclusivas, pero bueno, vuelvo a repetir que quisieron que los concejales sean cómplices de esta contratación".
"El sistema no es ni bueno ni malo", aclaró el concejal pero "no va a cambiar radicalmente la situación de seguridad. Ayuda a que el operador tenga un poco menos de trabajo, solamente eso. Que el operador que recibe la llamada no tenga que cargarla en nuestro sistema del 333 y después el 911, que solamente se cargue una única vez vinculando los dos sistemas. Esto no va a cambiar la cuestión de seguridad, porque lo que nos necesitamos es que los vecinos denuncien y mandar inmediatamente el patrullero. Todo lo demás puede ser mejorador, pero creo que en el contexto económico que vivimos actualmente a nivel nacional y con unas tasas exorbitantes que se está cobrando a nivel municipal, está claro que un gasto más no está bien".
Pero mas allá de esta posición enfatizó que "el sistema de contratación tuvo que haber sido por compra directa, que lo establece un artículo de ley orgánica, y no de la manera que lo hicieron a través de la legitimación del Concejo Deliberante, como para responsabilizarnos después a todos nosotros patrimonialmente si quedamos cautivos de esta empresa".
La comparación con la denuncia de Bullrich a su segundo
Finalmente el concejal comparó este caso con la denuncia que hace días la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó en la oficina anticorrupción contra Vicente Ventura Barreiro, quien fuera hasta entonces el segundo de su carera: "Bullrich sacó un funcionario de Seguridad por hacer una contratación dirigida a una empresa. Acá se hizo exactamente lo mismo y pretendían que los concejales de la oposición acompañemos ese direccionamiento".
"Hubiese sido mucho más transparente para el Ejecutivo hacer una contratación directa, porque vuelvo a repetir, si es la única empresa que lo puede hacer y ellos consideran que esto es necesario, cosa que nosotros consideramos que no, pero no importa, pero si eso lo consideran, es una decisión política y lo pueden hacer con los mecanismos legales que corresponden y no vincular al a toda la oposición en acompañar este tipo de procesos muy poco transparentes", concluyó Walter Pérez.
