En diciembre, QuePasa había anticipado que desde el gobierno provincial se había dejado trascender el plan para urbanizar 6 villas emblemáticas del conurbano bonaerense entre las que se encuentran La Cava de Beccar (San Isidro) y Costa Esperanza, a la vera del río Reconquista en San Martín.
Finalmente, en su discurso inaugural de las sesiones ordinarias de la legislatura bonaerense de este 1° de marzo, la gobernadora María Eugenia Vidal hizo oficial el anuncio: "La provincia va a sumarse a un plan de integración de barrios populares que la Nación está impulsando. Así vamos a lograr que tengan acceso a servicios públicos, como agua potable, cloacas y transporte, y que puedan tener una vivienda en condiciones. Vamos a empezar con los barrios Costa Esperanza de San Martín, Porá de Lanús, Itatí de Quilmes, Libertad de Almirante Brown, Carlos Gardel de Morón, y La Cava de San Isidro".
La urbanización que planea el gobierno provincial, a diferencia de los distintos programas ejecutados en las últimas tres décadas, no planea la construcción de nuevas viviendas. Las intervenciones tendrán que ver con la llegada de los servicios básicos (agua potable, cloacas, red eléctrica, gas natural), apertura de calles y mejoramientos de viviendas. El modelo a seguir es el trabajo que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires con la villa 31.
El camino del plan de urbanización para barrios populares
Ya desde mediados de 2016 funcionarios del gobierno provincial afirman en "off" y sin muchas precisiones que existe un preacuerdo con organismos internacionales para el financiamiento de estos proyectos. En esa línea estuvo la visita de la gobernadora Vidal a la villa La Cava en junio de 2017, donde se reunió con el Obispo Ojea, el intendente Posse y referentes de organizaciones sociales con la propuestas de conformar una mesa de trabajo y participación, con la Iglesia como garante, con el objetivo de avanzar en un proyecto de urbanización del barrio.
Luego de las elecciones de 2017, en diciembre del año pasado, desde el gobierno provincial se buscó poner nuevamente el tema de la urbanización en agenda, con alguna información más. En este entonces, se afirmó que el plan comenzará en el 2018 y además de fondos de Nación y Provincia contaría con el financiamiento de 400 millones de dólares, otorgados entre el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Otra intención del gobierno provincial es que haya oficinas del Estado provincial y nacional en las villas donde se trabaje, y que se le dé protagonismo tanto a la Iglesia como a los referentes sociales. En consonancia con esta definición política, el obispo Oscar Ojea había presentado a fines de 2017 la Comisión de Justicia y Paz de la Diócesis de San Isidro, que tiene como objetivo la “intervención y mediación de la Iglesia para encontrar soluciones a problemáticas tales como la integración urbana de los barrios marginales”, entre otros temas.
